servicios sociales
Un informe alerta de que Aragón redujo 25 millones su gasto en rentas mínimas de inserción tras implantarse el IMV
Desde el Departamento de Ciudadanía insisten en que la Comunidad complementa a aquellos que más lo necesitan.
Las comunidades autónomas redujeron en 247 millones de euros su gasto en Rentas Mínimas de Inserción (RMI) tras la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), pasando de 1.969.201.830 euros en 2020 a 1.721.795.742 euros en 2021, lo que supone una reducción del 13%, según un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Y en Aragón esta caída se situaría en los 25 millones, lo que supone un 51,6% menos.
El análisis revela que algunas comunidades destinaron este "ahorro" a programas de inclusión social o a otras políticas sociales, como Castilla y León y Madrid, mientras que en otras supuso "sin más" una reducción de su gasto social, en un año marcado por la crisis sanitaria y social. Advierte, además, que en Aragón "las RMI están siendo sustituidas por el IMV". Algo que también ocurre en otras autonomías.
Ante esta denuncia, desde el Departamento de Ciudadanía y Servicios Sociales recordaron que fueron pioneros en crear una "pasarela de pago" que sirvió de "modelo" para agilizar el cobro del IMV, que ya llega a casi 41.000 aragoneses. Asimismo, recordaron que Aragón complemente a "quien más lo necesita". Por un lado, más de 3.000 personas reciben nóminas autonómicas como el PACIMV (que se sitúa en 584 euros) o las Ayudas de Integración Familiar. En 2021 también se abonaron 44.961 ayudas de urgente necesidad, lo que supuso un pago de 14,5 millones.
Además, recordaron que existe el compromiso de un pago único de 200 euros para hacer frente a la crisis derivada de la guerra de Ucrania y que aspira a llegar a 17.000 personas. Será compatible con las nuevas ayudas anunciadas por el Gobierno de España, puntualizan.
Otras conclusiones
El informe también pone el foco en la cuantía media por perceptor de las RMI. En el conjunto de España, Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y Asturias son las que están por encima de la media (que se sitúa en el 15,9%). Por el contrario, en Murcia, Madrid y Aragón el porcentaje que supone la cuantía media de las RMI no alcanza el 10% de la renta media por hogar en esas comunidades.
Para la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, estos datos ponen de manifiesto que "muchas comunidades han desmantelado o están desmantelando su sistema de protección a las personas y familias en situaciones de exclusión social" que, según avisan, "no es lo mismo que pobreza", pues no solo se refiere a carencia material sino a la acumulación de vulnerabilidades y a la imposibilidad de salir sin apoyos de dicha situación.
Según recuerda la asociación, la finalidad de las Rentas Mínimas de Inserción es facilitar la inclusión social, por lo que deben orientarse a apoyar a las personas y familias con ayudas económicas y acompañamiento profesional. Por ello, exige a las comunidades que, como ya han hecho alguna de ellas, "destinen el 'ahorro' que ha supuesto la implantación del IMV a reforzar sus programas de inclusión social que, entre otras causas, pueden estar producidas por las situaciones de pobreza prolongadas".
