La DGA expropia más suelo para ampliar Plaza en pleno litigio con los afectados
Incluye otras nueve parcelas para ajustar en 20.500 metros cuadrados los límites de la operación y facilitar así los accesos. El plan se demora al otoño y la urbanización de sus 242 hectáreas no comenzará hasta primavera.
El Gobierno de Aragón acaba de extender el área afectada por las expropiaciones para ampliar la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) a otras nueve parcelas en pleno litigio con los principales afectados. La promotora de la operación, la inmobiliaria aragonesa Wilcox, ha incluido 20.500 metros cuadrados adicionales con el fin de ajustar los límites y facilitar los futuros accesos, de modo que llegará a urbanizar 242 hectáreas frente al club de golf La Peñaza. De ellas, 98 no son ahora de su propiedad.
La Consejería de Economía ha sacado a información pública la "propuesta de reajuste" de la delimitación de la denominada Plaza 4.0, que se extiende fundamentalmente por el término municipal de Zaragoza y llega al de La Muela. A la relación de bienes y derechos incluidos en la expropiación se han añadido ahora suelos de nuevos propietarios ajenos a la operación que respalda la DGA: Inversiones Valenzuela y Hoteles Aral junto a dos administraciones, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Ministerio de Transportes. En todos los casos, su afección es residual en comparación con los principales damnificados.
Más del 40% de la superficie de la ampliación de Plaza, promovida a través de la sociedad Cipsa Norte, pertenece a dos familias que no han sido ni consultadas y que ahora se verán de nuevo perjudicadas pese a estar pendientes de sendos recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Ambas reclaman la nulidad del convenio urbanístico que recoge la recalificación del suelo como la declaración de interés autonómico, adoptada por el Gobierno aragonés para facilitar la expropiación y acelerar todos los trámites administrativos.
Medida cautelar rechazada
Una de las familias, propietaria de 54,5 hectáreas mediante las sociedades Azcosta y Becalco, ha sufrido un doble revés. No solo porque ahora les hayan incluido otras cuatro parcelas en la expropiación que suman casi 20.000 metros, sino porque la Justicia descartó el mes pasado la suspensión de la ampliación de Plaza como medida cautelar, solicitada para evitar consecuencias "irreversibles".
No obstante, han presentado un recurso de reposición, ya que consideran que se perderá la finalidad del contencioso interpuesto cuando se dicte la sentencia en dos o tres años. "No será reversible la calificación del suelo, que ahora es de especial protección y nos lo encontraremos urbanizado", ha lamentado una portavoz.
La familia Gracia, que recurrió dos semanas más tarde, está pendiente de respuesta a las medidas cautelares que también solicitó, aunque en su caso limitaron la petición de suspensión del plan a las 43 hectáreas de su propiedad. En su caso, la expropiación se ha ampliado ahora con otra de sus parcelas, las situadas justo enfrente del almacén de Decathlon, que son por las que Wilcox pretende empezar la urbanización de Plaza.
La justificación oficial para ampliar el ámbito de Plaza 4.0 es la incorporación de "pequeñas superficies" fruto de las alegaciones formuladas sobre las parcelas y también "ajustes topográficos, necesidades de ordenación del ámbito y de ejecución de accesos, así como la inclusión de caminos, alguno de ellos solicitados por los alegantes".
En una de las fincas de las que son copropietarios los herederos de la familia Gracia se duplicará el área expropiada por ser clave para asegurar los accesos desde la autovía de Madrid a través del enlace de la Base. En el expediente, la promotora argumenta que la urbanización afectará a la remodelación de los accesos existentes. Igualmente, se ampliará el ámbito en la otra punta, en La Muela, «para rematar los viales con la ejecución de dos glorietas para la circulación de retorno».
Mientras tanto, Cipsa Norte ultima la redacción del Plan de Interés General de Aragón (PIGA) con el fin de presentarlo a la vuelta del verano a la DGA para su aprobación inicial. A partir de ese momento harán falta entre siete y ocho meses de tramitación administrativa, en la que todos los organismos implicados deberán emitir informes. Y todo ello si no hay reparos para sacar adelante la aprobación definitiva.
La demora sobre el cronograma anunciado impedirá que las obras de urbanización puedan comenzar a principios de año y difícilmente dará tiempo a que algún miembro del cuatripartito pueda visitar las obras antes de las elecciones.
