Los 'trabajadores pobres' que recurren a Cáritas porque no llegan a fin de mes suponen ya un 10%
La entidad social alerta del problema de la falta de vivienda, con un 28% de familias atendidas que se tienen que apañar con una habitación realquilada.
La figura del 'trabajador pobre', que se enfrenta a ese momento en el que tiene que elegir entre pagar las facturas y llenar la nevera, está cada vez más presente entre los usuarios de las entidades sociales. El último ejemplo, Cáritas Diocesana de Zaragoza, que ha visto cómo desde 2019 el porcentaje de personas que tenían un empleo y que solicitó ayuda a la organización casi se ha duplicado. En 2019, el 5,8% de los beneficiarios tenían algún tipo de contrato, aunque fuera de media jornada y en precario, mientras que en 2020 este colectivo era ya del 9,3% y el año pasado alcanzó el 10,1%. Una tendencia que previsiblemente irá al alza durante un periodo como este 2022 en el que muchas familias viven acuciadas por el disparado precio de la energía y los alimentos.
Este es uno de los datos que se incluyen en la memoria presentada este martes por el director de Cáritas Diocesana de Zaragoza, Carlos Gómez Bahillo, y la secretaria general de la organización, África Navarro. Durante el año pasado la entidad ayudó a 7.839 personas en 3.657 hogares y concedió 12.544 ayudas económicas directas por valor de casi dos millones de euros, 1.956.055,30 euros, concretamente. Se trata de cifras sensiblemente inferiores a las del año más duro de la pandemia, un periodo "excepcional", en el que el número de beneficiarios ascendió a 11.518 y el presupuesto para las ayudas de urgencia se elevó a 2.257.253,27 euros.
La mayor parte de las personas que llamaron a la puerta de Cáritas el año pasado, un 68%, estaban en edad de trabajar (de 16 a 64 años incluidos) por lo que fueron el grupo de edad más representado. El 30,9% de los atendidos fueron menores de 18 años, y el 3,2% mayores de 65. Las mujeres representaron el 54,3% y los hombres el 45,4%. Al menos el 58,3% de los acogidos eran nacidos en un país extranjero. Casi la mitad, un 47,9% tenían permiso de residencia y trabajo y al menos el 10,3% estaban inmersos en el proceso de tramitación de protección internacional para obtener el estatuto de refugiado o asilado. Gómez llamó la atenció sobre ese 36% de los atendidos en situación de irregularidad administrativa y reivindicó su "regularización extraordinaria". Para ello, recordó, está en marcha una Iniciativa Legislativa Popular de estos migrantes que viven en el limbo y "permiten mantener el nivel productivo desde la economía sumergida". Para presentarla se necesita lograr medio millar de firmas para finales de septiembre y en estos momentos se alcanzan las 350.000 adhesiones.
El 54,5% de las ayudas se destinan a la vivienda
El presidente de Cáritas Zaragoza ha alertado sobre el problema de la vivienda que se agrava año tras año. De cada 100 euros que se destinaron a ayudas, 54,5 euros fueron para gastos relacionados con el hogar, bien para poder pagar el alquiler, la luz, el gas o algún tipo de equipamiento esencial. Otros 38,3 euros sirvieron para la compra de alimentación, ropa, enseres menores y documentación. Además, a medicinas y ortopedia se dedicaron 3 euros de cada 100; a formación y herramientas para el empleo 1,4 euros y a becas de comedor, libros y material escolar, otros 1,3 euros.
Gómez destacó que los datos "honestos" dados a conocer recientemente por el consejero de Verteberación del Territorio, José Luis Soro, revelan que 8.000 solicitantes de las ayudas de alquiler de 2021 se van a quedar en el "limbo" sin poder acceder a estas subvenciones. "Las entidades no podemos asumir la gran parte de lo que supone este desajuste social de la vivienda", advirtió, por lo que pidió a las administraciones "políticas públicas muy agresivas y con perspectivas de futuro".
El alquiler sigue siendo el régimen de tenencia de vivienda más habitual entre las familias que recibieron ayuda, un 44,4% del total. Es muy llamativo que casi una tercera parte, el 28%, son familias que residen en una habitación realquilada que en la mayoría de los casos comparten padres de hijos.
El presidente de Cáritas Diocesana también reclamó que se "agilicen" los procedimientos para acceder a los sistemas públicos de protección social como el Ingreso Mínimo Vital y la Prestación Complementaria Aragonesa, y su tramitación "no se eternice" como está ocurriendo ahora.
