La Sección Tercera de la Audiencia Nacional ha absuelto a la que fuera secretaria del Ayuntamiento de El Frago entre 2015 y 2018, Sonia L. L., y a su marido, Agustín S. P., del delito de revelación de secretos. El fallo considera que no hay pruebas de que la exsecretaria extrajera información de varios expedientes del Ayuntamiento para facilitársela a su marido con el objetivo de que este interpusiera una denuncia a dos concejales por los delitos de apropiación indebida, intrusismo, prevaricación, falsedad en documento público y malversación. El fiscal y la acusación particular, que ejercía el Consistorio, solicitaban dos y cuatro años respectivamente para los encausados.

Tampoco se ha podido acreditar que la exsecretaria facilitara información o documentación a su esposo para presentar varias denuncias en otras instancias, como la Inspección de Trabajo, el Portal de Transparencia o el Juzgado de lo Contencioso número 4 de Zaragoza, con el fin de perjudicar a los integrantes del equipo del gobierno del Ayuntamiento de El Frago, el alcalde y los concejales, así como al personal del mismo.

La sentencia reitera que el acusado no tuvo acceso a los expedientes administrativos tramitados por el propio Ayuntamiento de El Frago a través de la plataforma Gestiona, que permite el acceso a los documentos del Consistorio de forma telemática. A través de una clave personal, la mujer trabajaba con este sistema, que tenía a su disposición por ser secretaria municipal.

De hecho, la Audiencia asume que la secretaria interventora podía acceder a todos los expedientes del Ayuntamiento sin limitación alguna e incluso expedientes iniciados antes de su toma de posesión. Así lo reconocieron varios integrantes del Ayuntamiento en el juicio.

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Cauces para informarse

La Audiencia argumenta que el marido de la exsecretaria pudo acceder al contenido de los expedientes acudiendo a plenos, donde se le permitía intervenir de público; conversando con concejales, ganaderos o cazadores; o a través de actas o acuerdos publicados en el tablón de anuncios, o en portales públicos como el Catastro o Sigpac.

Concluye que las denuncias y la querella a la exsecretaria obedecían a la insatisfacción de la Corporación municipal y de algún otro funcionario por su labor, cuestión que excedía de la jurisdicción penal. Estas discrepancias provocaron un interés de su esposo «fuera de lo normal» por los asuntos municipales. Pero esto no implica que revelaran secretos.