El laberinto judicial de los embalses del Ebro con 570 millones en juego
Proyectos hidráulicos en Aragón, como Mularroya, Biscarrués o Almudévar, tropiezan una y otra vez en los tribunales. Regantes y opositores coinciden en que esto no sucede en otras cuencas españolas.
¿Por qué las obras de los embalses en Aragón acaban siempre judicializadas? ¿Hay tantos problemas en otras cuencas hidrográficas? ¿Qué cambios legislativos obstaculizan la regulación de los ríos? La reciente sentencia de Mularroya ha vuelto a evidenciar los continuos tropiezos judiciales, a punto de cumplirse un año del descarte de Biscarrués, proyecto al que le dio la puntilla el Tribunal Supremo, y a pocos días de que los magistrados de la Audiencia Nacional se reúnan para votar el recurso contra la presa de Almudévar. El asunto va más allá de los tribunales y, como se ha demostrado en los últimos días, tiene una derivada política con una clara división en el seno del Gobierno de Aragón.
Biscarrués no pasó de ser un pantano de papel, pero en los otros dos la construcción ya está muy avanzada. Mularroya y Almudévar son actualmente, junto a Yesa, las tres grandes obras en marcha en la cuenca del Ebro, con una inversión total de 573 millones de euros.
En Mularroya, pendiente de si el Ministerio para la Transición Ecológica recurre la sentencia y evita así una nueva paralización de las obras (interrumpidas por problemas judiciales de 2013 a 2016), se ha ejecutado el 75% (146 de los 188 millones). En Almudévar, con el primer gran dique de 4 kilómetros levantado, se han certificado 62 de los 102 millones previstos. Yesa, en su tercer modificado, cuenta con un presupuesto de 283 millones y se encuentra al 77% de ejecución. De momento esta ha superado todos los obstáculos legales, que no han sido pocos en los últimos 20 años, pero la Asociación Río Aragón no renuncia a volver a la batalla judicial.
Si regantes y ecologistas coinciden en algo es en destacar la continua judicialización de las obras del Ebro, como en ninguna otra cuenca hidrográfica de España. Eso sí, discrepan a la hora de explicar las razones.
"El problema es que aquí se recurren los proyectos por sistema, y eso no pasa en otros sitios de España", afirma el presidente de la Federación de Regantes del Ebro, César Trillo, cuando resulta que la cuenca solo ha cubierto en un 50% sus posibilidades de almacenamiento. "Un recurso pone en marcha una maquinaria judicial en la que los jueces fallan en base a una legislación europea que aceptamos a cambio de los fondos", añade.
Trillo es también presidente de Riegos del Alto Aragón y hace hace unos meses vio como el Supremo acababa con el sueño de construir una presa en el Gállego, perseguido durante 35 años por los agricultores de ese sistema. Solo en la redacción del último proyecto se invirtieron 1,4 millones de euros. Él acepta que pueda haber fallos en la tramitación administrativa, "pero como en todos los embalses de España, porque son obras muy complejas, la diferencia es que aquí se recurren". En su opinión, Biscarrués es el ejemplo más claro. "Los ecologistas estaban en contra y propusieron como alternativa Almudévar, y ahora van contra este embalse".
El presidente de los regantes no da por perdido Mularroya porque se recurrirá. "La sentencia no quiere decir que el embalse esté muerto", dice convencido. Ya ocurrió en 2013, y las obras se retomaron años más tarde. Lo último, aclara, "sería verlo demoler". En este sentido, la Federación del Ebro, en una junta extraordinaria, ha mostrado su apoyo a la finalización de la presa como infraestructura esencial contenida en el Pacto del Agua e "imprescindible" para el desarrollo de Aragón, y en particular del valle del Jalón, "motor de la lucha contra la despoblación y de la protección y mejora de la agricultura familiar". César Trillo aboga por conseguir que con las modificaciones que sean o no necesarias, este embalse se complete y entre en servicio.
Yesa es la única obra que no está judicializada. Los contenciosos del pasado acabaron con el aval de los jueces a la actuación de la administración, tanto en el proyecto técnico del recrecimiento como en la posible afección al Camino de Santiago, e incluso se archivó una causa penal. En el 2002, el fiscal de Medio Ambiente de Madrid y el Ayuntamiento de Artieda acusaron a seis funcionarios y altos cargos ministeriales de presuntas irregularidades en las autorizaciones de Yesa. El mismo camino siguieron los que firmaron el proyecto del embalse de Santaliestra, solicitándose penas de prisión. Los primeros fueron absueltos, pero las obras se pararon seis años, y los otros se libraron por el acuerdo político de descarte del pantano, que incluyó la retirada de las querellas.
Sin embargo, la Asociación Río Aragón no renuncia a volver a litigar contra Yesa en relación a la normativa de seguridad, manifiesta su presidente, Miguel Solana, y además están valorando si al amparo de las últimas sentencias sobre Mularroya y Biscarrués, que hablan de la afectación a las masas de agua recogida en la Directiva Marco europea, se puede abrir otra vía. Se ha dado el paso previo con la petición al Ministerio de revisar el proyecto de los muros de Sigüés. "Si en seis meses no hay respuesta, iniciaremos el contencioso", anuncia Solana.
Leyes más proteccionistas
José Luis Beaumont ha intervenido en casi todos los pleitos contra las obras hidráulicas en Aragón de los últimos 20 años, como abogado de los demandantes. Estuvo en el proceso contra Santaliestra, en los primeros litigios de Mularroya, en Yesa, en Jánovas, incluso en la presa turolense de Torre del Compte, finalmente descartada. En su último caso, el de Biscarrués, en representación de los ayuntamientos y la coordinadora opositora, consiguió la anulación del proyecto en la Audiencia y en el Supremo.
El letrado enmarca las últimas sentencias "en la evolución de la normativa de protección ambiental, con la transposición de las directivas comunitarias a las leyes españolas", que según dice "no ha ido acompañada de una adecuación en las actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Ebro respecto a las grandes obras hidráulicas, que afectan tanto a lugares concretos por la Directiva de Hábitats como a los cursos de agua por la Directiva Marco del Agua", explica. A su juicio, los tribunales la han asumido, "y la CHE se ha quedado atrás".
Según este abogado, Bruselas determina, y así lo han entendido los jueces, que la intervención en un río "es una excepción no la regla, y para ello el cumplimiento de los requisitos es muy estricto y no se pueden alegar puras razones económicas. Tiene que ser por un interés público superior". No ocurre fuera del Ebro, añade, porque en las últimas décadas no ha habido otra cuenca en España con tantas obras hidráulicas y de tanta envergadura.
Unas discrepancias politicas evidentes
Al laberinto judicial se suma el político. La discrepancia en el seno del Gobierno de Aragón, con PSOE y PAR, por un lado, y Unidas Podemos y CHA, es manifiesta y "aceptada". "De once miembros del Gobierno, nueve apoyan el pantano", una mayoría, dijo el presidente aragonés. Mientras él recibía a los regantes, la directora General de Cambio Climático, Marta de Santos, pedía en Madrid la paralización de Mularroya.
Diferencias también con Madrid, como ejemplifica la carta de Javier Lambán a la ministra Ribera, de claro perfil ambientalista, para que recurra el fallo, con el argumento de que no hay mejor política contra la despoblación, uno de los retos del ministerio, que los regadíos.
