Hasta un 26,35% de los zaragozanos no han pagado el último recibo del polémico Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA), correspondiente al año 2019 y girado entre octubre y diciembre de 2020. La DGA emitió 363.534 facturas en las cuatro zonas en las que se divide la capital. Sin embargo, 95.791 no se habrían abonado en tiempo y forma, según datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

Una vez superados los dos meses de periodo voluntario de pago, el Ejecutivo autonómico recurrirá a la vía de apremio y reclamará las deudas con recargos de hasta el 20%, porcentaje al que habría que añadir los intereses de demora y las costas.

El número de impagos se mantiene respecto al año pasado. Entonces, de acuerdo con el Departamento, fueron un 26,59%. La oposición al ICA enfrentó ya en su día al gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) y al Ejecutivo de Javier Lambán y está haciendo que el Gobierno aragonés deje de ingresar cada año varios millones de euros, cantidades que la Agencia Tributaria ya reclama a miles de hogares. De hecho, ha habido personas que, al solicitar una ayuda al alquiler o contra los daños provocados por la covid-19 se han encontrado con el ‘no’ de la Administración por no estar al corriente de sus obligaciones tributarias.

El Gobierno aragonés suspendió el cobro de este impuesto los meses del primer estado de alarma y lo retomó en julio, coincidiendo con el salto a la llamada nueva normalidad. En paralelo, ha seguido trabajando en la reforma "en profundidad" del ICA, anunciada hace ya más de tres años por el presidente autonómico.

El proyecto del Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR), nombre que recibirá el nuevo tributo, está en las Cortes desde finales de 2020. Fue admitido, concretamente, el 30 de diciembre, y se publicó en el Boletín Oficial del Parlamento autonómico el 5 de enero. Ahora está dentro de la categoría de "asuntos pendientes" a la espera del debate a la totalidad. Que se debata antes o después dependerá, en gran medida, de la voluntad política. No obstante, el propio consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, ya avanzó de que no se aplicará hasta 2022.

Las claves del nuevo impuesto

Queda por saber, por ejemplo, en qué momento dejará de cobrarse el ICA y empezará a girarse el IMAR. Sobre todo teniendo en cuenta que ya hay municipios que han empezado a pagar las cuotas de 2020. La nueva propuesta establecerá un tramo fijo y otro variable y rebajará los consumos de hasta 16 metros cúbicos al mes, un 95% del total, según las estimaciones del Gobierno aragonés. Para aquellos que se sitúen por encima, en cambio, "la cuota tributaria aumentará respecto al impuesto anterior". Habrá, asimismo, tarifas especiales para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

El planteamiento, con el que el Ejecutivo autonómico dejará de recaudar unos 5,7 millones de euros, sigue sin gustar a los críticos, encabezados por la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA), que consideran que se trata de una simple "operación de maquillaje" y que poco aporta respecto al actual ICA, ya que "sigue siendo esencialmente lo mismo". El colectivo ha iniciado una recogida de firmas para exigir que Aragón "no pague más que la media nacional" y, por el momento, ha recabado más de 5.000 apoyos. También ha habido quien, a título particular, ha lanzado una campaña pidiendo "que se dejen de pervertir los impuestos medioambientales en España", iniciativa que han respaldado otras 239 personas.