Los trileros, los pícaros especializados en la estampita y el tocomocho formaban parte del paisanaje de las ciudades en los años 80 y 90. Con el nuevo siglo, se mudaron a internet. La Policía Nacional y la Guardia Civil no se cansan de advertir de que las estafas proliferan en la red tanto o más que las transacciones legales, que se han multiplicado de forma exponencial en los últimos años. Por ello, las fuerzas y cuerpos de seguridad recomiendan extremar las precauciones y aseguran que por norma se debe desconfiar de los chollos: "No existen", aseguran.

El Grupo de Estafas de la comisaría provincial de Zaragoza, que depende de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, recibe cada semana nuevas denuncias por timos en la red.

Recientemente han participado en la desarticulación de un macrogrupo de estafadores que desde la localidad gaditana de San Fernando engañaron a alrededor de 800 personas de toda España, varias de ellas vecinas de Zaragoza, con compraventas en portales de internet tan conocidos como Wallapop o Vibbo, entre otros. Los investigadores estiman que lograron hacerse con un botín de unos 100.000 euros. En total se ha detenido a 20 personas y se investiga a un centenar.

Según fuentes del Grupo de Estafas, los miembros de la banda solían anunciar móviles, tabletas, drones y otros dispositivos electrónicos "a muy buen precio". La apariencia de chollo era el principal reclamo de la estafa. Cuando el comprador potencial mostraba interés en los anuncios de los estafadores –la mayoría jóvenes a los que ya les constaban algunas reseñas policiales–, estos ponían en marcha una maquinaria diseñada para dar apariencia de veracidad y solvencia.

Ofrecían a los interesados un número de teléfono español para hablar por Whatsapp. A través de mensajes, les facilitaban una cuenta bancaria, también de bancos nacionales y reconocibles, para que les hicieran una transferencia de entre los 50 y los 100 euros a modo de señal. Además, les pedían una fotografía de su DNI, supuestamente, para formalizar el papeleo del negocio.

El grupo criminal se apropiaba del dinero de las señales y a sus víctimas lo único que les daban a cambio eran excusas y evasivas, hasta que estas desistían o denunciaban. Dado que los montantes estafados eran siempre inferiores a 400 euros, el límite legal para considerar los hechos delitos leves de hurto, puede que muchos afectados no hayan acudido a denunciar.

El cerco policial sobre los timadores gaditanos acabó con los cabecillas en la cárcel y el resto investigados en el juzgado. Los cerebros de la estafa pasaron de alternar en barrios humildes a frecuentar hoteles y urbanizaciones de lujo de localidades como Sancti Petri con el dinero del que se apropiaban. Además, lograron perpetuar la estafa durante varios años, ya que solían hacerse con las identidades de sus víctimas y las utilizaban para cometer más ilícitos y no quedar al descubierto.

Robo de identidad en Zaragoza

"Lo más dañino que han hecho los estafadores son las suplantaciones. Que te timen 50 o 100 euros escuece, pero figurar como investigado en una causa penal es muy serio", explica Fernando Osuna, un abogado sevillano que representa a varios afectados de Andalucía que han sido requeridos de juzgados gallegos o asturianos por estafas que no han cometido.

"Esto les obliga a buscarse un abogado, a invertir dinero y tiempo... Es un despropósito". En esta misma tesitura se encuentra una de las víctimas zaragozanas, a la que la banda de Cádiz robó la identidad.

La Policía Nacional cuenta que la investigación para dar con los autores de la estafa se alargó durante varios meses y las pesquisas fueron especialmente complejas: los agentes zaragozanos tuvieron que examinar decenas de números de teléfono, direcciones IP de ordenadores y transacciones bancarias para dar con los presuntos autores.

Osuna explica que como la banda estaba radicada en San Fernando es allí donde se está instruyendo la causa. Sin embargo, el juez considera que al haber damnificados en todo el país, el procedimiento debe llevarlo la Audiencia Nacional. Esta lo rechaza, y ahora se está a la espera de que el Supremo determine a quién corresponde la competencia.