Una forense del Instituto de Toxicología de Barcelona se desplazó el pasado viernes a Zaragoza para tomar muestras de ADN a tres personas que son familiares de los enterrados aragoneses en el valle de los Caídos y el Gobierno pretende exhumarlos en las próximas semanas.

El hecho de que se trate de personas de avanzada de edad impidió que se desplazaran a Madrid, donde se hizo la primera prueba el pasado 22 de enero a la sobrina de José Antonio Marco de Viedma, quien fue fusilado en septiembre de 1936 en Calatayud. Allí fue enterrado y posterioresmente lo trasladaron al valle de los Caídos.

En un principio, se solicitó al Instituto de Medicina Legal de Aragón hacer la prueba, pero contestaron que lo podrían hacer si había una petición judicial.

Se tomaron las muestras a Manuel Lapeña Lapeña, de 94 años, en su domicilio de Zaragoza. Es hijo de Manuel Lapeña Altabás y sobrino de Antonio Lapeña Altabás, que fueron fusilados en Villarroya de la Sierra en 1936 y enterrados en el cementerio de Calatayud, y son los que ganaron en 2016 en el Juzgado de San Lorenzo del Escorial su derecho para que sean exhumados.

Además, se realizaron las pruebas a Jesús Cansado Pérez (hijo de José Cansado Lamata y sobrino de Antonio Cansado Lamata) y Sagrario Fortea Herrero (sobrina de Manuel Herrero Martínez). Las muestras se guardarán para compararlas con los restos que se exhumarán en el vale de los Caídos.

La petición de Toxicología llegó acompañada con un escrito del director general de Memoria Histórica, Fernando Martínez López,en el que se menciona que en total se iban a recuperar seis cadáveres del valle de los Caídos relacionados con los que hay en ocho cajas enterradas con 81 fallecidos procedentes de Calatayud, que se enviaron después de la Guerra Civil.

Esta solicitud llega después del informe del Consejo Médico Forense que llegó a decir que para exhumar los cadáveres del valle de los Caídos había que movilizar más de 3.000 muertos.