La ejeana María Isabel Alastuey afronta cada día como cualquier estudiante de oposiciones, entre apuntes y con una única fecha en mente, la del examen, en su caso para registradora de la propiedad. Aunque, a diferencia de sus competidores, las horas de esta aragonesa frente al ordenador están marcadas por su condición física. Isabel es dependiente, tiene una discapacidad superior al 90%, una tetraplejia que no le resta un ápice de vitalidad y ánimo: "Tengo 50 años, pero me siento como si tuviese 17, la edad que tenía cuando sufrí el accidente de tráfico que me dejó en una silla de ruedas".

Una coyuntura que pudo apartarla del proceso opositor. La Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) concluyó el 2 de agosto de 2016 que la zaragozana "no reunía capacidad funcional para el desarrollo de las tareas propias de la escala". Una conclusión confirmada en enero de 2017 por la Subsecretaría del Ministerio de Justicia. Las ganas de avanzar en su carrera y de "abrir camino a quienes vienen por detrás", llevaron a Isabel a interponer un contencioso administrativo a través del bufete madrileño Suárez&Maraña Abogadas. Un recurso que se ha resuelto de forma favorable a sus intereses después de que el abogado del Estado encargado del asunto se allanara a la demanda.

Isabel está capacitada de sobra para ejercer como registradora. Pese a su minusvalía física, logró licenciarse en Derecho cosechando las ocho matrículas de honor y los doce sobresalientes que constan en su expediente académico. "Recogí el título entre aplausos de toda la facultad en la Universidad de Navarra", rememora.

La sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 7 de Madrid concluye, frente a la postura del demandado, el Ministerio de Justicia, que "la recurrente posee capacidad intelectual y volitiva plenas, a la vez que las funciones de notario y registrador son exclusivamente intelectuales, no requiriendo específicos concretos y físicos, de tal suerte que la movilidad reducida de la recurrente, quien debe desplazarse en silla de ruedas, no le impide la asunción de dichas funciones y su desempeño de manera correcta". En la actualidad trabaja como inversora de bolsa, lo que le permite "tener las espaldas bien cubiertas". Uno de los argumentos de su abogada, Montse Suárez, fue que "un notario paga con su dinero su despacho y que éste se puede adecuar de forma que sea accesible", así como que Isabel "dispone de patrimonio suficiente como para afrontar esta inversión personal" y que existen herramientas informáticas suficientes, como la firma digital, para ejercer la citada labor profesional".

Una fe inquebrantable

La actitud de Isabel ante la vida es admirable:  "Cuando tuve el accidente tardé en darme cuenta de que no podría volver a caminar. De eso fui consciente cuando llegué al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Fue entonces cuando decidí que si caía cien veces, me levantaría 101". Pese a su gran dependencia y a tener el cuerpo prácticamente inmovilizado de cuello para abajo, esta ejeana se maneja con su propio ordenador. "Gracias a una terapia muy intensiva he podido llegar a teclear con las muñecas. Y algunos comando informáticos los controlo con la voz", aclara.

Isabel, "orgullosa ejeana, zaragozana, aragonesa y española y muy de la Pilarica", realiza labores de divulgación con menores y apoya en la medida de lo posible las investigaciones que puedan mejorar la vida de quienes comparten su problemática: "Hace 32 años, la vida para una tetrapléjica era complicada. Ahora tenemos más facilidades, pero mi deseo es que cada vez haya más".

El ciego que quiere ser juez

Durante el proceso, la abogada que defendió los intereses de Isabel citó el caso del joven vallisoletano Gabriel Pérez, un invidente que pudo acceder a la judicatura. El Poder Judicial aprobó en 2014 por unanimidad que los ciegos están capacitados para ser jueces "siempre que desempeñen sus funciones en puestos compatibles o adaptados a sus capacidades".