La Corporación Alimentaria Guissona acaba de adquirir por 1,9 millones de euros las 146 hectáreas de Épila que expropió el Gobierno de Aragón hace un año con el objetivo de garantizar la anunciada plataforma agroalimentaria de Bon Àrea. La operación, cerrada este miércoles en la notaría de la localidad zaragozana, permitirá a la empresa iniciar las obras en abril con el objetivo puesto en iniciar la actividad en 2021.

La DGA se comprometió por escrito a facilitar los terrenos, lo que llevó a expropiar 167 de las 172 parcelas rústicas afectadas por el macroproyecto para evitar cualquier maniobra especulativa. El desembolso rondó los 1,1 millones, aunque el grupo catalán ha corrido también con los gastos generados y con los tributos, tal y como ha confirmado a este diario el número dos de la Consejería de Vertebración del Territorio, Juan Martín.

La empresa llegó con antelación a un acuerdo de permuta con el Ayuntamiento de Épila para asegurarse el resto del suelo necesario para su macroinstalación, que ocupará una pastilla rectangular de más de 3 kilómetros de longitud y 450 metros de anchura media situada a los pies de la autovía de Madrid, frente al polígono El Sabinar.

La Corporación Alimentaria Guissona ocupará 169 de las 240 hectáreas que forman parte del Plan de Interés General de Bon Àrea, repartidas a ambos lados de la carretera autonómica de acceso a Épila (A-1305) desde la autovía de Madrid.

El resto de los terrenos servirán para zonas verdes y servicios, además de un área industrial de 36 hectáreas que se urbanizará junto al Sabinar y que se quedará el Gobierno de Aragón. La pretensión es aprovechar el tirón de Bon Àrea y facilitar la implantación de empresas del sector agroalimentario.

Las parcelas pertenecían a un centenar de propietarios y el justiprecio pagado rebaja en un 40% la cantidad máxima que se recogió en el convenio firmado entre Guissona, la DGA y el Ayuntamiento de Épila: se han pagado 6.131 euros por hectárea, cuando en el documento se fijó hasta un máximo de 10.000 euros.

La primera actuación que acometerá el grupo catalán será la explanación de los terrenos, lo que llevará a retirar cerca de 450.000 metros cúbicos de tierra para trasladarla a una finca de cereral de su propiedad, situada a unos diez kilómetros, entre los términos de Épila y Salillas de Jalón. Y de ahí extraerá la misma cantidad de tierra, de mayor calidad, para el complejo.

Estos trabajos se alargarán cerca de un año y, mientras tanto, se proyectarán la treintena de naves e instalaciones previstas en la plataforma, que se acometerán por fases a lo largo de la próxima década. La inversión superará los 191 millones de euros en la urbanización y edificación y aún habrá que sumar desembolso millonario para su equipamiento.

La pretensión es solapar la urbanización con la construcción de la primera de las edificaciones, el centro logístico que funcionará como punto neurálgico para los envíos hacia la zonas de expansión del grupo: el centro, norte y este de España, donde prevé abrir cientos de tiendas a las que se suministrarán todo tipo de productos alimenticios, fundamentalmente cárnicos.

De forma paralela, el Ejecutivo autonómico sacará a concurso la urbanización exterior, a la que destinará 22,5 millones y que pretende oficializar en las próximas semanas. Su compromiso pasa por dotar al complejo industrial de todos los servicios e infraestructuras necesarias para su actividad. El encargo incluirá las redes de saneamiento y abastecimiento, electricidad, gas y telecomunicaciones, así como la ampliación de la A-1305. Como esta carretera autonómica asumirá el mayor porcentaje de tráfico del complejo, 5.300 vehículos diarios, ejecutará una glorieta para regular las entradas y salidas.