Los impagos del alquiler causan ya el 65% de los desahucios de vivienda. Cuatro familias zaragozanas en esta situación llevaron este lunes a la plataforma Stop Desahucios a concentrarse frente al Pignatelli para volver a exigirle a la DGA que cumpla la ley de emergencia social y les facilite un realojo.

La portavoz de este colectivo, Concha Cano, denunció que estas personas se quedan fuera del convenio suscrito en 2013 entre el Gobierno aragonés, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp) y el Poder Judicial y también de la ley de emergencia social ya que ambas "tienen cláusulas muy restrictivas". "Hay familias que ganando poco más de 800 euros no se consideran lo suficientemente vulnerables", puso como ejemplo.

A las puertas del Pignatelli estaban Víctor Manuel Gabarre y su mujer que con cinco hijos, de entre 13 y un año, iban a ser desahuciados mañana, aunque finalmente la ejecución se ha aplazado y pueden seguir en el piso un mes y medio. Viven con los 730 euros del Ingreso Aragonés de Inserción y ninguno de los dos trabaja.

La directora general de Vivienda y Rehabilitación del Gobierno aragonés, Mayte Andreu, aseguró que se les va a dar una "respuesta habitacional" y aclaró que, según el oficio del juzgado, su problema se deriva de una finalización del contrato. Reconoció que tendrá que ser fuera de la capital aragonesa, ya que la DGA no tiene un hogar de más de 70 metros cuadrados que le pueda ser adjudicado y no se va a favorecer la "infravivienda".

Es la misma coyuntura en la que se encuentra otro matrimonio con cinco hijos al que se ha ofrecido ir a vivir a Monzón, pero que rechazan esta opción porque él tiene una enfermedad rara. Igual que Samara, que está embarazada de un bebé con problemas, su pareja y una hija a los que se envía a Puente la Reina de Jaca.

Stop Desahucios critica que es "mentira" que no haya pisos en Zaragoza del tamaño que necesitan. "Además, hay que tener en cuenta el arraigo, los niños escolarizados y la necesidad de un hospital cercano", destacó Cano.