El alcalde de Cosuenda, Óscar Lorente Sebastián, tendrá que acudir el próximo 20 de febrero al Juzgado de Daroca para declarar en calidad de investigado por un presunto delito de malversación administrativa y otro de falsedad documental. La denuncia fue presentada hace unas semanas por un vecino y empresario del municipio zaragozano, que acusa al regidor de impulsar la urbanización de un terreno sin que haya demanda de viviendas, a sabiendas de que no cuenta con presupuesto suficiente para acabar las obras y con el único propósito de perjudicarle.

El alcalde y diputado provincial por el PSOE no solo niega estas acusaciones, sino que recuerda que toda la planificación urbanística del municipio ha sido supervisada y aprobada por los órganos administrativos competentes. Es más, asegura que el denunciante ya ha acudido varias veces a los tribunales para intentar "torpedear" los proyectos de Cosuenda.

Según la acusación particular, que ejerce el letrado Alejandro Uriel en nombre de este vecino y de Comercial Ovino Ganadera S. L., la reparcelación de la Unidad de Ejecución 4 (UA-4) del PGOU de Cosuenda está presupuestada en 243.292 euros. Sin embargo, dice,  el Consistorio solo cuenta con una partida inicial de 4.561 euros, dinero que "casualmente" se habría destinado a sufragar el derribo del muro de cemento de la finca del denunciante, así como el almacén que había dentro.

Las máquinas ejecutaron estos trabajos entre el 15 y 17 de enero, pese a que el propietario del suelo había planteado varias veces su aplazamiento por vía administrativa. Para el denunciante, el "empeño" del alcalde en impulsar la urbanización de este terreno obedece únicamente a la "animadversión" que tiene hacia él por los litigios que han mantenido durante los últimos años. Recuerda además en su denuncia que la única finca que se ha visto afectada por los derrribos es la suya, cuando hay otros vecinos que también tienen casetas o cobertizos en parcelas colindantes.

Sin embargo, la versión facilitada por el alcalde de Cosuenda a Heraldo es otra. "Lo primero, hay que explicar que lo que estamos haciendo con este proyecto es  intentar cerrar la ronda de circunvalación del municipio, para sacar los camiones y tráfico pesado de sus calles. Solo nos queda un pequeño tramo y es el que pasa por la finca del denunciante. Hemos llegado a acuerdos con 25 afectados. Y solo con dos ha sido imposible, uno de ellos este señor".

Óscar Lorente asegura además que ya han ejecutado dos fases del proyecto y que tienen habilitada una partida de 48.400 euros para impulsar la tercera, negando así que no haya presupuesto para concluir el conjunto de las obras.

No ha sido indemnizado

El abogado del denunciante recuerda que Javier Albar, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Zaragoza, reconoció el derecho de su cliente a ser indemnizado con 12.118 euros por el derribo del almacén y el muro perimetral de la finca afectada por las obras de la UA-4 del PGOU . En dicho escrito, el juez recuerda al Ayuntamiento de Cosuenda que tiene de plazo hasta el 29 de febrero para abonar esta cantidad más los intereses acumulados desde el 14 de enero de 2016, cuando se fijó la compensación económica.

La denuncia contra Óscar Lorente Sebastián fue acompañada del informe técnico del arquitecto José María Júdez, quien, tras examinar los trabajos ejecutados por el Consistorio en la finca del denunciante llega a una serie de conclusiones. "Se pone de manifiesto la argucia empleada por el alcalde denunciado de dividir la urbanización en fases, creando la fase I, en la que principalmente se procedió a demoler los bienes ajenos", dice la denuncia admitida a trámite el pasado 25 de enero.

Además de la presunta prevaricación administrativa, en el escrito remitido al juez se pone también de manifiesto un presunto delito de falsedad documental. Por este se acusa no solo al regidor sino también a la funcionaria municipal  Susana M. E., de la que se dice firmó un documento en calidad de secretaria accidental cuando no lo era.

A este respecto, el alcalde asegura también que "se ha cumplido siempre con la legalidad", lo que tratará de explicar a la juez cuando comparezca próximamente en el juzgado de Daroca.

Una funcionaria, también investigada

Además de al alcalde de Cosuenda, Óscar Lorente Sebastián, la juez ha llamado a declarar, también en calidad de investigada, a la funcionaria municipal Susana M. E. Y lo hace porque en la denuncia presentada por el vecino se afirma que esta firmó una inscripción en el registro de la propiedad de Daroca en calidad de secretaria municipal accidental, cuando en realidad parece que no lo era.

La citada inscripción tenía por objeto modificar la reparcelación de los terrenos afectados por la Unidad de Ejecución 4 del PGOU de Cosuenda. "Lo que supuso la baja de unas parcelas aportadas por mi mandante y el alta de unas nuevas", explica el abogado Alejandro Uriel, encargado de tramitar la denuncia.

Según los denunciantes, dicha inscripción arrastra varias falsedades. La primera, la fecha de la certificación municipal, puesto que consta que fue hecha el 27 de marzo de 2017 cuando se presentó en el registro de Daroca el 23 de marzo de ese año. Tras consultar con la DGA, los denunciantes están convencidos de que en esa fecha todavía era secretario Sergio Esteso, que ha sido citado como testigo.

A este respecto, el alcade de Cosuenda insisiste también en que "todo se hizo de forma legal". Y así tratará de explicárselo a la juez que investiga el caso.