El Ejecutivo de Pedro Sánchez también recurrirá la Ley 8/2018, de 28 de junio, de actualización de los derechos históricos de Aragón ante el Tribunal Constitucional. El Consejo de Ministros acordó este viernes impugnar varios artículos al considerar que incurren en "reproches de inconstitucionalidad"porque vulneran la Carta Magna e infringen competencias estatales en Patrimonio, Hacienda y Justicia. El Gobierno de Aragón defendió que el Estatuto de Autonomía arroga a la Comunidad la capacidad de actualizar sus derechos históricos, aunque reconoció que hay siete artículos que son susceptibles de despejar las dudas sobre su constitucionalidad.

Desde que Sánchez llegó a la Moncloa, dos normas aragonesas, la ley de capitalidad y de derechos históricos, han acabado en el Tribunal Constitucional. En el caso de la Ley 8/2018 –la actualización de derechos– por partida doble, ya que el TC ya admitió a trámite un recurso más duro que presentó el PP en octubre.

El Gobierno central cuestiona ahora artículos relacionados con la nacionalidad histórica de naturaleza foral, los derechos históricos y su prevalencia sobre la Constitución, el Estatuto y la legislación europea, el territorio, las instituciones de autogobierno y la posibilidad de expropiar patrimonio expoliado y emigrado. También impugna artículos relacionados con la bandera y con el acuerdo bilateral económico-financiero entre Aragón y el Estado, que ya se contempla en el artículo 108 del Estatuto.

El Ejecutivo PSOE-CHA quiere dejar claro que Aragón tiene derecho a actualizar, a través de una ley, sus derechos históricos. El Estatuto de Autonomía, en su disposición adicional tercera, lo deja muy claro: "La aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente Estatuto no implica la renuncia del pueblo aragonés a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia, los que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establece la disposición adicional primera de la Constitución".

Un informe de la Secretaría General Técnica de la DGA sostiene que "no puede ignorarse la relevancia y trascedencia del Derecho y las Instituciones de Argón en la historia de España". A efectos de la valoración de la ley asegura, por ello, que la virtud de actualizar los derechos debe considerarse "jurídicamente relevante e institucionalmente operativo".

También se defiende el Gobierno aragonés esgrimiendo el "manifiesto consenso de la inmensa mayoría de las fuerzas políticas con representación en las Cortes en la expuesta lectura del Estatuto". Hace una alusión concreta al PP, que en la anterior legislatura presentó, junto al PAR, una proposición de ley donde definía Aragón con "nacionalidad histórica de origen foral".

Del resto de la norma, la DGA diferencia entre los preceptos que se pueden integrar y los que es necesario modificar o precisar. Reconoce que hay que revisar los artículos 1.4, 10, 21, 22, 25, 26, 33.2 y 33.5, que se refieren a que Aragón ostenta un espacio jurídico, político y cultural propios, a la colocación de la bandera regional en una ubicación preeminente, al tratamiento del patrimonio expoliado y emigrado, a la dirección del Archivo de la Corona de Aragón y a la aplicación del derecho foral.

En los demás artículos cuestionados por el Gobierno central (2, 4, 7, 9, 27 y las disposiciones adicional y final terceras), el Ejecutivo autonómico sostiene que se ajustan a los preceptos contemplados en el Estatuto de Autonomía de Aragón y que no se superan los límites fijados en la Constitución española de 1978.