El Gobierno de Pedro Sánchez impugnará ante el Tribunal Constitucional varios artículos de la Ley 8/2008, de 28 de junio, de actualización de los derechos históricos de Aragón. Así lo ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, al discrepar del contenido de los artículos 1.1; 1.2; 2.1; 2.2 apartados d) y e) [en este último caso exclusivamente respecto de la mención al "pacto"]; 3; 4; 5.1; 5.2.b); 7.1.c); 9; 10.1; 13; 14 a 22; 25; 26.1, 2 y 3; 27; 32.a); 33.5, la disposición adicional segunda, la disposición adicional tercera y, por último, la disposición final tercera.

El recurso se interpone tras haber existido una negociación previa, al amparo del artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional con la Comunidad Autónoma de Aragón, y no haber conseguido ningún acuerdo.

La comunicación del Consejo de Ministros precisa que la polémica ley, que se aprobó con los votos a favor de PSOE, CHA, PAR, Podemos e IU, "incurre en diferentes reproches de inconstitucionalidad que, desde la perspectiva de su fundamentación, pueden estructurarse en torno a las siguientes vulneraciones: la vulneración de la Disposición adicional primera de la Constitución; la vulneración de los principios de soberanía nacional y constitucionalidad y del derecho a la autonomía (artículos 1.2, 2 y 9.1 CE); la vulneración de la reserva estatutaria del artículo 147.2 CE; la vulneración de la reserva de ley orgánica del art. 81.1 CE en relación con el derecho fundamental a participar en los asuntos públicos ex artículo 23 CE y en relación con el régimen electoral general; y la infracción de las competencias estatales en tres ámbitos específicos: patrimonio, hacienda y justicia".

Tras conocer que el Gobierno llevará al TC la ley, el consejero de Presidencia del Ejecutivo PSOE-CHA, Vicente Guillén, ha señalado que "el Gobierno de Aragón va a estar siempre en la defensa del Estatuto de Autonomía" y se centrará en "el mantenimiento de aquellos aspectos que no contradicen el Estatuto de Autonomía de Aragón entendiendo que la primera obligación que tiene un gobierno es defender su propio Estatuto", a la vez que se comprometió a reconocer aquellas cuestiones que no se adapten al Estatuto aragonés. Guillén ha recordado, no obstante, que "las cuestiones que se adaptan al Estatuto en esta ley que aprobaron las Cortes son exactamente idénticas a aquellas que en forma de anteproyecto de ley presentó el PP y el PAR en la anterior legislatura".