Los 212 liberados sindicales de la DGA cuestan al año siete millones de euros

Arranca la campaña electoral sindical en el Gobierno aragonés. Más de 37.000 empleados públicos elegirán el próximo 28 de marzo a sus delegados en todos los ámbitos de la DGA, salvo en el personal docente no universitario y los cuerpos nacionales al servicio de la Administración de Justicia. En estos momentos, hay 212 trabajadores liberados para ejercer la actividad sindical, a la que se dedican unas 234.750 horas al año, el 80% de las máximas establecidas por el Estatuto de los Trabajadores.

Es el personal estatutario de los servicios públicos de salud, con 24.349 empleados, el que cuenta más liberados, un total de 105 y una ratio de 4,3 cada mil empleados. Los últimos datos disponibles en el portal de Transparencia de la DGA revelan que dedican 146.310 horas a la actividad sindical, el 93% del máximo autorizado. Administración General, con 12.804 funcionarios, dispone de 61 liberados y consumió en el último año 51.090 horas, el 29% de las disponibles. Justicia cuesta con 4 liberados y Educación, con 42, que agotaron el año pasado las 67.200 horas sindicales que tenían a su disposición.

El coste para las arcas públicas que se deriva de contratar sustitutos para los 212 sindicalistas liberados supera los siete millones, el 0,10% del presupuesto de la Comunidad, según han confirmado desde la consejería de Hacienda. Esta cantidad no incluye los costes de la Seguridad Social y se corresponde a la cobertura del 75% de los empleos de los liberados, mediante el procedimiento de aprovisionamiento habitual a través de interinos.

El crédito de horas sindicales es uno de los derechos que tienen reconocidos los representantes de los trabajadores. También se recoge la figura de liberado o dispensado sindical, con una dedicación exclusiva a la defensa de los empleados públicos. El Gobierno de Aragón cuenta con 3,9 liberados por mil trabajadores.

Para las próximas elecciones sindicales, la dirección de la gerencia del Servicio Aragonés de Salud y la dirección general de Función Pública actuarán como centros coordinadores y nombrarán delegados que vigilen el proceso y que mantengan la relación de la Administración con las mesas.

Los censos de personal permanecerán expuestos en los tablones de anuncios de los centros de trabajo para que los interesados puedan revisarlos y, si procede, presentar reclamaciones. Tendrán derecho a voto los empleados públicos que, adecuadamente identificados, consten en ese censo.

El Gobierno de Aragón considerará tiempo de trabajo el que requieran los componentes de las mesas electorales para asistir a reuniones y el mismo día de la votación. Procederá, por ello, a compensar el exceso de jornada la semana siguiente. En las elecciones de 2015 se instalaron 211 mesas en centros de trabajo e intervinieron 2.000 personas entre miembros de mesas, interventores y apoderados.

La orden de Hacienda que regula la convocatoria de las elecciones sindicales recoge, además, varios permisos retribuidos. Desde la proclamación de las candidaturas hasta el fin de la campaña, un miembro por provincia de cada organización sindical se beneficiará de un permiso de jornada completa. Los interventores y apoderados dispondrán de la jornada completa el día de la votación y los electores, del tiempo necesario para ejercer el derecho al voto. En los casos en los que la coincidencia del horario laboral del empleado con el horario general de votación sea inferior a una hora y media, tendrá media hora reducción de su jornada laboral; que se ampliará a una hora si vota en una localidad distinta. Para disfrutarla será necesario presentar un justificante que garantice que ha votado.

Las indemnizaciones que recibirán los miembros de las mesas y los representantes de la Administración se abonarán con cargo al presupuesto de gastos de cada Departamento. La DGA afrontará los costes de desplazamiento que deben asumir los funcionarios para ejercer su derecho a participar en las elecciones y los derivados del voto por correo.