Los sindicatos piden más transparencia a la DGA para evitar los "empleos a dedo"

CC. OO. denuncia que se crean algunos trabajos para "pagar deudas políticas".

Accesos a la sede central de la DGA, donde los funcionarios deben fichar en los tornos. josé miguel marco
José Miguel Marco

Comisiones Obreras denuncia que en el Gobierno de Aragón se están creando empleos "a dedo" para pagar "deudas políticas". Utilizan, según argumenta, las comisiones de servicios y las modificaciones de la relación de puestos de trabajo (RPT), procesos que se realizan sin "herramientas objetivas" que permitan "fiscalizar los cambios", según explicó el secretario general de la sección sindical de CC. OO. en la DGA, Francisco José González. CSIF y UGT comparten las críticas a las comisiones de servicio y reconocen que no todas las modificaciones de RPT se comunican a los sindicatos. Ante estas denuncias, el Ejecutivo PSOE-CHA solo quiso recordar que "está inmerso en profundizar en los procesos de transparencia, y lo lleva a toda su gestión, también en la Función Pública". 

González asegura que hay un "goteo anual" de casos y que la situación se intensifica cuando hay cambio de Gobierno. Se busca, según dice, "premiar a altos cargos que dejan de serlo y vuelven a su plaza de funcionarios, o a empleados públicos afines que se ven beneficiados por modificaciones de RPT".  Sí deja claro, en todo caso, que esta práctica "es legal", pues todas las modificaciones se publican en el Boletín Oficial de Aragón, aunque no se difundan en el área de transparencia. Tampoco incluyen en el BOA las justificaciones técnicas.

La posibilidad de que el Gobierno pueda modificar la relación de puestos de trabajo sin publicidad, sin justificación y sin negociación con los sindicatos se deriva de un decreto de 1996, cuando la cifra de empleados públicos apenas superaba los 6.000, muy por debajo de los 50.000 que hay ahora.

La situación actual permite que la Administración "asigne complementos, cambie empleos de localidad y coloque a personas concretas en puestos de trabajo hechos a su medida". "Entre modificación y modificación con un sesgo aparentemente técnico, se cuelan modificaciones políticas", resalta González.

La solución pasaría, en su opinión, por garantizar un "trámite de audiencia" a los sindicatos antes de llevar a cabo este tipo de modificaciones. Con ello, se podría fin a una "discrecionalidad" que "todos los gobiernos han utilizado" y que da lugar a una "situación consolidada" con premios que son "para toda la vida".

 Esta cuestionable práctica perjudica, además, a los demás funcionarios porque la "politización" de la plantilla limita sus carreras profesionales. "Se permite que cuando una persona ha sido alto cargo cuando retorna a su puesto se le amortiza el que tenía porque no era de un nivel suficiente y se le paga por los servicios prestados", explica González.

Y el sindicato ofrece datos. El año pasado, la dirección de la DGA amortizó 95 empleos, creó 102 y modificó 271, manteniendo, como en los últimos años, una tendencia que consiste en "suprimir puestos de personal técnico e incrementar las jefaturas". Aunque algunas son puramente organizativas, en otros casos se interviene en la asignación de complementos introduciendo "elementos de discrecionalidad y falta de transferencias", según informan desde el sindicato. Detallan, a modo de ejemplo, que se apliquen cambios en los complementos, la localidad en la que se presta el servicio y los requisitos,  cuando deberían ser fruto de un análisis de las necesidades, y no "del capricho o de la preparación de algunos puestos para determinadas personas".

González señaló que todos los gobierno caen en la "tentación" de "pagar favores", de "captar adeptos", politizando la Administración, acomodando puestos a altos cargos cuando dejan de serlo con salarios que van de los 45.000 a los 50.000 euros.

Más comunicación

El presidente de CSIF, Pablo Asín, reconoce que los sindicatos han dejado de recibir últimamente notificación de las modificaciones de RPT. Sin embargo, centra sus críticas en las comisiones de servicio, y exige que se lleven a la mesa sectorial y se publiquen en el portal del empleado.

En su opinión, es imprescindible que sean públicas, que se tengan en cuenta los méritos de los funcionarios y que se ajusten a la Ley para que se limite su duración a seis meses, con posibilidad de prórroga seis meses más.

Alicia Hernández, secretaria general de la Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT-Aragón, recordó que los sindicatos han trasladado a la Administración que se establezcan criterios objetivos en las comisiones de servicios para que no se adjudiquen "a dedo". "Debe existir un barómetro de méritos con los requisitos exigidos", reclamó. Respecto a la modificación de la relación de puestos de trabajo, reconoció que en la actualidad no se comunican las variaciones a los sindicatos.

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