La estructura y organización de la Nueva Oficina Fiscal de Aragón ha sido aprobada este martes por el Consejo de Gobierno, lo que permitirá ganar eficiencia y calidad en el servicio y promover la formación especializada en violencia de género, protección de personas con discapacidad o atención a las víctimas y al público en general.

Este "refuerzo" era una demanda "recurrente" del Ministerio Fiscal, según ha destacado el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno en el que se ha dado luz verde al decreto por el que se aprueba su organización.

En virtud del mismo, se adecuará la Oficina Fiscal al trabajo del Ministerio Fiscal mediante un refuerzo progresivo de los recursos humanos.

El modelo de referencia de la Nueva Oficina Fiscal que establecieron en 2011 el Ministerio de Justicia, las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en la materia y la Fiscalía General del Estado parte de una estructura uniforme, si bien también ha de ser flexible para adaptarse a las necesidades de cada fiscalía.

La nueva estructura prevista en el decreto dará cobertura a la actividad de las oficinas de Fiscalía de la Comunidad, adaptándose al tamaño y funciones realizadas por cada una de ellas. De acuerdo con lo establecido en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la Oficina Fiscal en Aragón se organiza en varias unidades.

Una de ellas es la Oficina Fiscal de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Aragón, con sede en Zaragoza; la Oficina Fiscal de las Fiscalías Provinciales en las ciudades de Huesca, Teruel y Zaragoza y la Oficina Fiscal de la Sección Territorial de Calatayud, dependiente de la Fiscalía Provincial de Zaragoza, y la Oficina Fiscal de la Sección Territorial de Alcañiz, dependiente de la Fiscalía Provincial de Teruel.

El decreto entrará en vigor con su publicación en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) y establece que la fecha de entrada en funcionamiento de la nueva estructura de la Oficina Fiscal se fijará por resolución de la Dirección General de Justicia e Interior una vez sean aprobadas definitivamente las relaciones de puestos de trabajo (RTP) y finalice el proceso de acoplamiento del personal.