El Gobierno de Aragón eleva ahora a 106.212 los impagos del recibo de 2017 del polémico Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) en Zaragoza. Aunque el consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, aseguró a finales de diciembre que "aproximadamente tres cuartas partes" de los zaragozanos habían cumplido su obligación sin querer concretar la cifra exacta, datos oficiales del Instituto Aragonés del Agua a los que ha tenido acceso este diario revelan que el porcentaje supera en realidad el 30%. Es decir, en torno a 18.000 impagos más.

El número es prácticamente idéntico al registrado con las facturas de 2016. Entonces cumplieron un 69,5% de los contribuyentes, y esta vez, según consta en un escrito firmado por el jefe de Régimen Jurídico del Instituto, Jesús Olite, el 69,8%. Fuentes de la Consejería de Desarrollo Rural explican que aquellos que no abonaran su factura durante el periodo voluntario –del 5 de octubre al 5 de diciembre–, no recibirán una segunda carta certificada como ocurrió hace un año, sino que entrarán directamente en la vía de apremio, que contempla recargos de hasta el 20%. Las mismas fuentes justifican que "se trata de un tributo de devengo periódico" y que, por tanto, solo se publica "la liquidación y la puesta al cobro".

La primera noticia que recibirán por parte de la Administración, añaden desde el Gobierno de Aragón, será "una notificación de la agencia tributaria iniciando el procedimiento de apremio".

El propio Ejecutivo recomienda a estas personas "solicitar el duplicado del recibo en la forma indicada" en las oficinas del Instituto Aragonés del Agua ya que, según recuerda, "la situación de morosidad en el pago de tributos puede resultar perjudicial para el ciudadano y las familias". Esto quiere decir que quienes no hayan pagado el ICA en plazo no solo tendrán que abonar el recibo con recargo, sino que incurren "en una situación de incumplimiento de sus obligaciones que puede impedirles el acceso a ayudas y otras convocatorias".

Pagar ahora, no obstante, no exime del recargo, ya que estos porcentajes adicionales se aplicarán a todos aquellos contribuyentes que no abonaron el recibo antes del 5 de diciembre. La Consejería asegura no poder precisar cuándo se notificarán las providencias de apremio, ya que esa decisión "corresponde al Departamento de Hacienda". Tampoco aclara, en cualquier caso, qué porcentaje de los impagos de 2016 se han resuelto ya por esta vía.

Hasta noviembre de 2018, último mes del que se tienen datos, el Ejecutivo autonómico había recaudado por el ICA 34,1 millones de euros de los 69,1 presupuestados, alcanzando los derechos reconocidos los 57,9 millones de euros. El propio consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, aseguró en la comisión de estudio de las Cortes antes de conocerse el alto número de impagos en Zaragoza que el Gobierno recaudaría en torno al 100% de lo presupuestado, previsión que, según fuentes de su Consejería, se mantiene.

La reforma del impuesto, en cambio, sigue bloqueada ya que, aunque el PSOE presentó a principios de noviembre su propuesta y aseguró que la trasladaría a la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, la entidad aún no la ha recibido.

Para la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA), el hecho de que 106.212 contribuyentes no hayan pagado su factura evidencia que "un alto porcentaje mantiene su rechazo frontal a este impuesto". José Ángel Oliván, portavoz del colectivo, sostiene que el dato "demuestra que la oposición no ha disminuido". En su opinión, "ha faltado voluntad política" y "han sobrado tácticas dilatorias" para resolver la polémica. "Ahora ya es prácticamente imposible que se apruebe la reforma. El mayor problema es que no vemos ninguna señal de que se esté avanzando", aseveró. La agrupación asegura que sus próximas protestas ya no se centrarán en reclamar un acuerdo en las Cortes, sino en exigir a los partidos que expliquen cuál es su posición y qué van a hacer con el impuesto si gobiernan.

La Junta de Reclamaciones recibe 1.658 quejas

La Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas de Aragón ha recibido un total de 1.658 quejas contra el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) de 2017. Este órgano, compuesto por directores generales y funcionarios de la DGA, aún tiene que pronunciarse sobre las presentadas por la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) en relación al recibo de 2016. El colectivo espera una respuesta antes de las elecciones, aunque para saber la opinión de la Junta sobre las reclamaciones de 2017 habrá que esperar, a priori, unos meses más, ya que tiene un año para responder.

El resultado, no obstante, podría ser contrario a la postura de la RAPA, ya que el Gobierno de Aragón ya rechazó a través del Boletín Oficial de Aragón, y en contra del criterio del Justicia, los alrededor de 50.000 recursos presentados contra los primeros recibos girados en Zaragoza. A esto hay que añadir que el Tribunal Constitucional desestimó en octubre el recurso presentado por Podemos e IU a petición del alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, y aseguró que no existía una doble imposición.