División de opiniones sobre el límite de velocidad en vías convencionales

La medida, según la DGT, persigue reducir la siniestralidad en la red secundaria.

Una imagen reciente de la N-232 a su paso por Zaragoza.
Una imagen reciente de la N-232 a su paso por Zaragoza.
Oliver Duch

El último Consejo de Ministros del año sirvió para dar luz verde a una batería de cambios normativos muy diversos, entre los que figuraba la limitación a 90 km/h en las carreteras convencionales para turismos y motocicletas y a 80 km/h para camiones, autobuses y otros vehículos pesados.

La medida, según la DGT, persigue reducir la siniestralidad en la red secundaria, que registra alrededor de un millar de fallecidos cada año. Las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico aplaudieron la decisión: "Está constatado que la velocidad mata", apunta Ana Novella, presidenta de Stop Accidentes en España. Sin embargo, algunas de las asociaciones de conductores y motoristas más conocidas discrepan de la opinión del Ejecutivo y creen que la limitación no conseguirá los objetivos deseados.

Mario Arnaldo, presidente de la asociación Automovilistas Europeos Asociados, cree que los adelantamientos peligrosos y no los excesos de velocidad son la causa principal de mortalidad en la red convencional. Por ello, Arnaldo opina que lo que se debería hacer es establecer límites específicos según el tramo de carretera para evitar adelantamientos.

En la misma línea se muestra la máxima responsable de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, María José Alonso, que apuesta por la reforma del carné por puntos (un cambio que llegará a lo largo de este año, según ha anunciado ya la DGT) y reeducar a la ciudadanía en seguridad vial.

Pese a la diversidad de opiniones, lo más probable es que la nueva normativa aparezca publicada en el Boletín Oficial del Estado esta semana, o la que viene a lo más tardar. El decreto incluirá los tramos de carreteras en los que se modificará la velocidad, unos 10.000 km en todo el país, porque aún no se han detallado por comunidades autónomas.

Desde su publicación en el BOE, los titulares de las carreteras tendrán un plazo máximo de 30 días para renovar la señalización afectada. Entonces, la limitación entrará en vigor y los conductores tendrán que respetar los nuevos límites.

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