Más de 20 empresas de transporte escolar denuncian impagos

Más de una veintena de empresas que se dedican al transporte escolar en Aragón han denunciado públicamente que el Gobierno de Aragón les debe un millón de euros de los viajes realizados desde principios de septiembre, cuando empezó el curso en colegios e institutos.

Las denunciantes, que en su mayoría son pymes, han anunciado que si no se les transfiere el dinero de forma "inminente", dejarán de prestar el servicio, del que se benefician alrededor de 1.900 estudiantes de las tres provincias aragonesas.

Las empresas de transporte afectadas, que forman parte de las asociaciones Apyme-Busaragón y Areabus, sostienen que el importe que les debe el Ejecutivo asciende a un millón de euros, una deuda que está generando cuantiosos trastornos a los propietarios de las compañías, según Ignacio Ríos, el abogado de Apyme-Busaragón.

El Gobierno de Aragón reconoció ayer la deuda que reclaman estas empresas. Fuentes de la consejería de Educación achacaron los atrasos en los pagos al recurso que se presentó el año pasado a los pliegos del contrato de transporte escolar ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos.

El recurso provocó retrasos en la adjudicación, según Educación, que han derivado en los actuales impagos. Desde el departamento que dirige MaytePérez afirmaron que ya se ha dado la orden de pago para que las empresas reciban el dinero que se les debe, unas transferencias que podrían llegar "en una o dos semanas", según precisaron ayer.

El abogado Ignacio Ríos explicó ayer que no había recibido ninguna comunicación al respecto y señaló que la última comunicación oficial que tuvo del Gobierno de Aragón fue el 26 de noviembre, cuando les transfirieron la cuantía correspondiente al mes de mayo y les aseguraron que estaban haciendo "todas las gestiones posibles" para pagarles en diciembre los meses de septiembre y octubre.

Situaciones de insolvencia

Ríos señaló que muchas compañías se están viendo abocadas a "situaciones de insolvencia". En algunos casos, abundó, no pueden hacer frente a los gastos ordinarios, como el pago de las nóminas de los empleados, el combustible o el mantenimiento de los vehículos que forman parte de sus flotas.

Desde que empezó el curso, los empresarios han comunicado su situación a la Secretaría General Técnica de Educación, según afirman, por lo que sostienen que la consejería de Educación es consciente de la situación que viven muchas de estas compañías.

"Se exigirán las oportunas indemnizaciones e intereses devengados por el incumplimiento de los plazos de pago estipulados por la legislación vigente", afirma un comunicado conjunto de Apyme-Busaragón y Areabus.

Los miembros de ambas asociaciones empresariales afirman que han perdido la confianza en el Gobierno de Aragón y que se verán obligados a dejar de prestar los servicios de transporte escolar si no reciben el dinero que les adeuda el Ejecutivo aragonés.