El Gobierno de España insiste: la transición energética, que traerá consigo el fin del carbón y que solo en la provincia de Teruel destruirá hasta 4.000 empleos directos e indirectos ligados a la central térmica de Andorra, "debe hacerse por imperativo europeo", por lo que conviene "no engañarse". Esta es la respuesta que dio ayer la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a los presidentes autonómicos de Aragón, Asturias y Castilla y León, con quienes se reunió en Madrid.

Fue el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal –la ministra eludió hacer declaraciones–, quien, al término del encuentro, en el que se que reivindicó una vez más el futuro de la minería y el alargamiento de la vida de las centrales térmicas hasta 2030, instó a las comarcas mineras a "no engañarse" y recordó que la transición viene marcada por Bruselas, un discurso mucho más duro que el mantenido por Ribera en su visita a Zaragoza.

Domínguez recalcó que el Ministerio está "mucho más interesado" en el futuro, las inversiones y las nuevas oportunidades que en permanecer "en la no modificación de algo que necesariamente se debe modificar". Subrayó, no obstante, que no es el Gobierno de Pedro Sánchez quien pone limitaciones o dice que hay que cerrar. "Va a haber centrales más allá de 2020", señaló.

Anunció, en este sentido, que el Ejecutivo central está "explorando mecanismos" para flexibilizar los plazos de la devolución de ayudas, requisito imprescindible para que las empresas mineras continúen su actividad.

En su opinión, compañías como Endesa, que por su naturaleza tienen vocación de seguir operando en el sistema eléctrico, deben "hacer transformaciones en su interior para adaptarse a la situación". "Lo que estamos haciendo es trabajar de una manera firme y decidida para generar nuevas oportunidades donde tienen plantas que en este momento no pueden seguir funcionando", manifestó.

El secretario de Estado descartó que el Ejecutivo vaya a "presionar" a Endesa, si bien solicitará "firmemente" unos planes de transición justa que permitan "tener un futuro" a las comunidades afectadas por los cierres.

El objetivo, apuntó Domínguez, es buscar un camino que haga que las cuencas mineras tengan oportunidades y capacidad de crecimiento. "Se trabaja para que haya una transformación e ir más allá de la desaparición de un sector; para que el territorio tenga actividad económica y social y quienes viven en él, oportunidades y futuro", dijo.

Las reivindicaciones

En lo referente a la reunión con los presidentes autonómicos, Domínguez destacó el "clima de cooperación y de reconocimiento de la realidad". El presidente aragonés, Javier Lambán, que como el resto de dirigentes autonómicos destacó la "receptividad" de la ministra Ribera, insistió en la necesidad de crear entornos "atractivos" que pongan en pie la nueva economía que se pretende generar. También en que las eléctricas "tienen que pensar en otro tipo de inversiones productivas en materia de empleo" y no solo en renovables. "Tenemos sol y viento, que es nuestro y no de Endesa, y empresarios muy comprometidos y audaces", afirmó.

Para Lambán, es obvio que la transición justa debe seguir "unos requisitos concretos" que Endesa no contempla en el plan de cierre que presentó hace ya una semana.

El presidente autonómico no aclaró qué valoración hizo la ministra de dicho plan y se limitó a recordar que visitará Aragón en enero, sin concretar aún una fecha exacta. También fue preguntado al respecto el secretario de Estado de Energía, que solo señaló que el Ministerio acaba de recibir el documento y que ahora "tendrá que estudiarlo".

Por su parte, el presidente de Asturias, Javier Fernández, incidió en que "la nueva realidad no puede colapsar de inmediato a la existente". Su homólogo de Castilla y León, el popular Juan Vicente Herrera, reclamó "estabilidad, plazos y objetivos claros para que no haya incertidumbre". "Retrasar los cierres hasta 2030 sí permitiría acompasar la realidad actual a la nueva. Si se producen en 2020 condenaremos a estos territorios a la despoblación", subrayó.

Aragón teme un éxodo "irreversible" en Andorra

El presidente de Aragón, Javier Lambán, teme que el cierre de la central térmica de Andorra en 2020 provoque "un éxodo irreversible de población" en las cuencas mineras. Una ruptura abrupta, aseguró ayer tras su reunión con la ministra, "acabaría con la vida de una de las zonas de la provincia de Teruel que más próspera ha sido en las últimas décadas".

Esto, recalcó, obliga a Endesa y a los gobiernos de España y de Aragón a trabajar en un doble camino que asegure la economía del carbón durante un tiempo y construya una alternativa viable para la zona, ya que entre la realidad económica actual y la futura no hay una solución de continuidad.

Lambán, que destacó la importancia del frente común con Castilla y León y Asturias, insistió en que hay que ir más allá de los problemas a corto plazo, sobre todo teniendo en cuenta que si no hay actividad se corre el riesgo de que los trabajadores terminen emigrando. "Si no se cumplen los buenos propósitos expresados desde el Ministerio, el cierre afectará al conjunto de la población de las cuencas mineras, no solo a los trabajadores de Endesa y las empresas auxiliares", resaltó.

Aunque la ministra visitará Andorra en enero, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, adelantó que serán los territorios quienes tengan que liderar los planes de transformación, iniciativas que, en el caso de Aragón, se centralizarán a través del Instituto Aragonés de Fomento.

Una situación "límite"

El problema, subrayó el presidente de Asturias, Javier Fernández, es que las zonas afectadas necesitan "mucho más tiempo del que se pretende dar". Fernández incidió en la importancia del carbón en la industria asturiana y, como ya hicieran el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Andorra, instó a la ministra a visitar las zonas mineras de su Comunidad.

Para Juan Vicente Herrera, máximo representante de la Junta de Castilla y León, es necesario que España cuente con una política energética de Estado. La situación, reconoció, es "límite" y viene arrastrándose desde hace años en amplias zonas de estas tres comunidades. "Somos conscientes de hacia dónde va el mundo y estamos comprometidos, pero también de que la transición conlleva enormes sacrificios", afirmó.