El alto precio de los pisos y los prejuicios sociales bloquean el alquiler a los refugiados

Las organizaciones lanzan campañas para combatir este problema e informar de que los solicitantes de asilo político cuentan con apoyo y garantías institucionales.

A Judith Ngouana le gustaría contar su historia en un libro o una obra de teatro.
Raquel Labodía

"Es complicado porque existen recelos y prejuicios hacia los refugiados. Cuando buscábamos piso para una familia argelina con tres hijos, después de la nacionalidad lo segundo que nos preguntaban mucho era si la mujer llevaba o no velo". Esta llamativa situación con la que se encontró Teresa Aso, responsable del programa de acogida e integración para solicitantes y beneficiarios de protección internacional de Cruz Roja en Huesca, ilustra los problemas con los que se encuentran decenas de refugiados que cada año tienen que buscar una vivienda propia. Un problema al que se añade el alto precio de las viviendas.

Las organizaciones que gestionan estos proyectos lanzan campañas de sensibilización para dar a conocer que ellas ofrecen garantías de pago y de mantenimiento de los pisos, con revisiones semanales, además de velar por la buena convivencia vecinal.

Cuando llegan a España, los demandantes de asilo internacional viven primero durante seis meses en las plazas de primera acogida que tienen las entidades, que suelen estar todas ocupadas y se renuevan periódicamente. En una segunda fase, su reto es encontrar una casa para vivir de manera independiente. El contrato está a su nombre, pero las oenegés les facilitan respaldo económico si no trabajan o si con su sueldo no puedan afrontar los recibos. Así, su itinerario se prolonga 18 meses, ampliables a 24 en casos vulnerables.

"La etiqueta de extranjero se suele colgar a todo el mundo por igual y mucha gente desconoce que los refugiados son personas y familias normalizadas que han huido de sus países muchas veces por un conflicto armado u otras circunstancias que ponían en peligro sus vidas", subraya Aso. Aunque cada vez hay más gente que conoce esta realidad, lamenta que aún hay propietarios que no van más allá de los clichés y la discriminación "está a la orden del día". Cruz Roja en Huesca, que puso en marcha este proyecto el pasado febrero, atiende actualmente a 20 personas en acogida y otras 15 en pisos de alquiler. Les urgen dos viviendas para una familia georgiana de seis miembros y otra para una venezolana de cinco.

Las tensiones y subidas que vive el mercado inmobiliario es una dificultad añadida. "Hace dos años y medio podíamos encontrar pisos con dos dormitorios por entre 350 y 400 euros, pero ahora pocos están por debajo de los 500", pone como ejemplo Noemí Lara, técnica de intervención social de Accem. En su opinión otros problemas a superar son "la desconfianza" que suscita este colectivo y las exigencias de cláusulas abusivas, como fianzas de varios meses.

Si lo que se prefiere es una habitación de alquiler se plantea otro conflicto: "En algunos sitios no hacen contrato porque se trata de economía sumergida, y para los refugiados es imprescindible estar empadronados para cualquier trámite con extranjería", explica.

Un obstáculo que se añade en Teruel es la escasa oferta del parque inmobiliario "que se prefiere destinar al alquiler turístico", opina la mediadora intercultural de Cepaim, Alba Escura. La entidad acoge en la capital turolense a 36 refugiados en la primera fase y 48 que ya son inquilinos. "La vivienda es el primer paso para que puedan empezar una nueva vida", concluye.

"Hay mucha gente que no sabe qué es la tarjeta roja y te rechaza sin más"

A Judith Ngouana, una camerunesa que este mes cumple 31 años, le quita el sueño saber si va a poder seguir pagando dentro de unos meses el piso que comparte con otra refugiada y si va a encontrar un empleo. "Mi sueño es trabajar en un supermercado", cuenta. Estudió empresariales y económicas y trabajó en un banco en atención al público. Huyó de su ciudad, Douala, tras recibir amenazas de muerte y pasar más de un año escondida recuperándose de los golpes que le rompieron la rodilla y el fémur de la pierna izquierda. Está esperando que la operen y apenas puede doblarla.

Llegó a Zaragoza el 7 de julio de 2017. "Un cura me ayudó a salir y me pagó el viaje. Cuando iba de Dakar a Quito lloraba y un pasajero francés que habló conmigo me recomendó que hiciera escala en Madrid y pidiera asilo, fue el mejor consejo", cuenta. Habla inglés, francés y un español bastante claro. No sabe cuántas llamadas y visitas hizo para encontrar una vivienda. "Lo más duro fue cuando una persona me dijo claramente que no me podía alquilar una habitación porque el propietario no quería a personas negras", explica. "Sabía que iba a ser duro, pero no pensaba encontrarme con estas actitudes racistas", se queja.

 Ha trabajado durante un mes en un supermercado y a diario se recorre Zaragoza con copias de su currículo. Le duele que mucha gente la "rechace sin más" porque no sabe lo que es la tarjeta roja, la documentación que acredita su condición de solicitante de asilo y que sirve como permiso de residencia y de trabajo. También se lamenta de lo largos que son los trámites y la espera para saber si le conceden el asilo. "Vivimos en una incertidumbre continua, sin saber lo que nos puede pasar la siguiente semana". A Judith le gustaría contar su historia en un libro o en una obra de teatro para ayudar a concienciar sobre la vulnerabilidad de este colectivo.

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