La DGA quiere ejecutar las depuradoras del Pirineo por 120 millones en siete años

El Gobierno de Aragón quiere ejecutar su Plan Integral de Depuración del Pirineo Aragonés en siete años y con una inversión de 120,6 millones de euros. Da carpetazo así al polémico proyecto de 2008 que valoró la construcción de estas instalaciones en 353 millones, con el "importante ahorro económico y financiero que eso supone". El consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, explicó este martes, tras el Consejo de Gobierno, que la resolución de los contratos con las cuatro adjudicataria se realizará sin gastos de indemnización, aunque el Ejecutivo PSOE-CHA tendrá que pagar unos cinco millones de euros por los proyectos redactados y los terrenos, y que se anula un gasto autorizado de 313 millones de euros.

El nuevo plan contempla la inversión de 74,3 millones de euros en la ejecución de 19 depuradoras en municipios que superan los mil habitantes y se consideran prioritarias: Ansó, Astún, Candanchú, Canfranc Estación, Canfranc Pueblo, Castiello de Jaca, Hecho-Siresa, Villanúa, El Pueyo de Jaca-Escarrilla-Tramacastilla-Sandiniés-Panticosa, Piedrafita de Jaca, Sallent-Formigal, Aínsa, Boltaña, Broto-Oto, Torla, Fiscal, Bielsa, Cerler y Benasque-Anciles. El Instituto Aragonés del Agua, que será el encargado de adjudicarlas a través de contratos de obra, pretende "lanzar" aquellas que ya tienen proyectos aprobados y en las que estén más avanzados los trámites para obtener los terrenos.

En los 250 núcleos de población restantes, la DGA subvencionará el cien por cien de los sistemas de depuración que escojan los ayuntamientos, atendiendo al número de vecinos y a sus necesidades. Las ayudas se asignarán en función de la carga contaminante y de los tratamientos que resulten prioritarios por el punto de vertido. El objetivo es que todas las instalaciones estén en funcionamiento en 2026.

En los dos casos serán los ayuntamientos los que decidan si asumen la gestión directa de las depuradoras o la encomiendan al Instituto Aragonés del Agua.

El proceso de resolución de contratos con las cuatro concesionarias del plan antiguo culminó el pasado mes de octubre. Solo en el caso de la adjudicataria del eje del Gállego, que llegó a construir 21 plantas, la resolución será parcial y podrá explotar las instalaciones que ha ejecutado.

Un ahorro "sustancial"

Aunque no quiso aventurarse a cuantificar el ahorro se deriva del cambio de un plan por otro, Olona resaltó que es "sustancial" y "relevante", y recordó que acordó la rescisión de los contratos en junio de 2017 al comprobar el "sobredimensionamiento" de las instalaciones y la imposibilidad de adecuar los proyectos sin introducir alteraciones que no están autorizadas.

Pero su ejecución integral es obligatoria porque se trata de instalaciones que fueron declaradas de interés general por el Estado, que encomendó su ejecución a la DGA en 2008 a través de un convenio que se prorrogó en 2017 hasta el 31 de diciembre de 2019. Más años, hasta 2026, habrá que esperar para que se complete la depuración en el Pirineo. El ritmo de las obras estará condicionado por la disponibilidad presupuestaria y la tramitación administrativa de los proyectos.

Para Olona, este nuevo plan supone un "compromiso importante" de la DGA, "un reto ambicioso que requiere un esfuerzo notable". Pero se trata de obras "complejas" que no se hacen en un año.

Aunque su ejecución no implicará un incremento de la factura del Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA), el consejero sí utilizó el plan para justificar el cobro del tributo. "Esto viene a demostrar que en Aragón tenemos necesidades importantes en saneamiento y depuración que se tienen que financiar", advirtió.

Las obras se llevarán a cabo a través de programas plurianuales, y el objetivo es dar celeridad a las obras. Prueba de ello es que el Ejecutivo PSOE-CHA ha decidido salvar del cierre contable la tramitación anticipada de expedientes de construcción de las 19 depuradoras y la convocatoria de subvenciones para las pequeñas instalaciones del Pirineo.