El Gobierno de Aragón cuantifica en 120 millones el plan de depuración del Pirineo
Incluye la ejecución directa de 19 instalaciones y la concesión de subvenciones del 100% en los sistemas elegidos en municipios con menos de mil habitantes.
El Gobierno de Aragón espera ejecutar antes de 2026 todas las depuradoras pendientes en el Pirineo. El Consejo de Gobierno ha aprobado la resolución de los cuatro contratos del plan anterior, cuyo importe inicial se elevaba a 353 millones de euros, y que implica anular un gasto autorizado total de 313 millones. El nuevo proyecto, que está valorado en 120,6 millones de euros, destina 74,3 millones de euros a la ejecución directa por parte del Instituto Aragonés del Agua de 19 depuradoras en municipios de más de mil habitantes y 46,3 millones de euros a la concesión de subvenciones al 100% para las restantes (unas 250 pequeñas localidades). El objetivo es que todas estén en funcionamiento en 2026, según ha detallado el consejero de Vertebración del Territorio, Joaquín Olona. El elevado importe ha servido a Olona para justificar el cobro del Impuesto de Contaminación de las Aguas. "Esto viene a demostrar que en Aragón tenemos necesidades importantes en saneamiento y depuración que se tienen que financiar", ha argumentado.
Ansó, Astún, Candanchú, Canfranc estación, Canfranc pueblo, Castiello de Jaca, Hecho-Siresa, Villanúa, El Pueyo de Jaca-Escarrilla-Tramacastilla-Sandinies-Panticosa, Piedrafita de Jaca, Sallent-Formigal, Aínsa, Boltaña, Broto-Oto, Torla, Fiscal, Bielsa, Cerler y Benasque-Anciles son los municipios en los que el Instituto Aragonés del Agua asumirá la construcción con contratos de obra con un año de pruebas de funcionamiento. Estas instalaciones serán prioritarias.
Los ayuntamientos de los demás municipios del Pirineo podrán escoger el sistema de depuración que les resulte más conveniente en función de su población y sus prioridades. Las ayudas se asignarán priorizando el tratamiento de los núcleos con mayor carga contaminante o cuyo tratamiento resulte vital por el punto donde se realiza el vertido.
La resolución de los contratos con las cuatro empresas adjudicatarias implica un coste de unos cinco millones de euros para el Ejecutivo PSOE-CHA, que se queda con la propiedad de los terrenos adquiridos por las concesionarias y con los proyectos redactados. Olona ha especificado que "las resoluciones no implican ningún tipo de indemnización, lo que obliga es a liquidar las cantidades adeudadas por bienes y servicios prestados". Solo en uno de los casos, en el de la adjudicataria de la zona 2 (zona Gállego), la resolución es parcial, y la empresa seguirá gestionando las depuradoras construidas.
La tramitación administrativa comenzará el próximo año, y el ritmo de ejecución estará condicionado por la disponibilidad presupuestaria y la adjudicación de los contratos.
