El acuerdo definitivo fue complejo y no se cerró hasta la medianoche del pasado domingo, a solo unas horas del comienzo del juicio del llamado caso Plaza. Pero, tras más cinco años de pesquisas y tres largos meses de negociaciones directas con la mayoría de las defensas, la Fiscalía ha logrado probar que hubo corrupción en las obras de construcción de la Plataforma Logística de Zaragoza. Así se pone de manifiesto en el nuevo escrito de acusación que ayer presentó al tribunal y que rubrican 20 de los 25 encausados. A través de este, 13 de ellos confiesan una serie de delitos por lo que serán condenados a penas de prisión o multas. Eso sí, sensiblemente inferiores a las que en un principio se enfrentaban, ya que tan solo los considerados cerebros de la trama corrupta, el exgerente de Plaza Ricardo García Becerril y quien fuera primer responsable de la UTE Acciona-MLN, José María Jordán, acabarán entre rejas al aceptar sendas condenas de 2 años y un día de cárcel.

Como resultado de las negociaciones, siete de los encartados –entre los que se incluyen la esposa de Becerril, Elena Plante, y una de sus hijas, Patricia– ni siquiera tendrán que sentarse en el banquillo, ya que la Fiscalía y el resto de acusaciones han retirado los cargos contra ellos. Por lo tanto, tan solo cinco de los imputados se han quedado fuera del acuerdo global y afrontarán la vista defendiendo su inocencia y esperando el fallo del tribunal. Se trata del exviceconsejero de Obras Públicas de la DGA por el PSOE Carlos Esco, el constructor Agapito Iglesias y los también empresarios Miguel Ángel Floria, Francisco Joven y María del Mar Jaso. Sus respectivos abogados insisten en que no cometieron delito alguno, por lo que, tras ser informados ayer de las conformidades firmadas por el resto de encausados, solicitaron un nuevo aplazamiento del juicio para replantear sus estrategias.

Los magistrados, con Javier Cantero como presidente, han estado siempre al corriente de las negociaciones de la Fiscalía con la mayoría de los acusados. De hecho, fueron ellos quienes, sabedores de lo avanzado de estas, aceptaron retasar el inicio del juicio dos veces. Con la misma sensibilidad y consciente ya de que los acuerdos acortarán de forma notable el macrojuicio, el tribunal no tuvo reparos en dar una semana más a los letrados que no han pactado para que estudien el nuevo escrito de acusación del ministerio público. Así, las sesiones no se retomarán hasta el próximo lunes 17 de diciembre.

El acuerdo con Acciona, clave

Nada de lo conseguido hubiera sido posible si previamente el Gobierno aragonés no hubiera alcanzado un acuerdo con Acciona, multinacional a la que la Fiscalía involucró en la causa al solicitar su condena como responsable civil subsidiaria. Para que la empresa se aviniera a negociar, los fiscales José Grinda y José de la Rosa también han tenido que ceder, ya que finalmente han fijado la cantidad malversada en la construcción de Plaza en solo 14 millones de euros. El resto, hasta los 147 millones en que calculaban al principio el agujero provocado a las arcas del erario, se ha ‘vestido’ de otra forma, pero se sigue reclamando. Es más, la DGA ha conseguido que Acciona le pague más de 50 millones de euros –los implicados niegan que sean los 60 que anunció el Ejecutivo autonómico– y exigirá la cantidad que falta en un arbitraje.

Fruto de este acuerdo, la Fiscalía Anticorrupción anunció ayer que retiraba la acusación como responsables civiles subsidiarios contra Acciona y MLN, la constructora aragonesa con la que se unió para urbanizar el complejo logístico ubicado entre la A-2 y el aeropuerto de Garrapinillos.

A lo largo de las negociaciones, los fiscales Grinda y De la Rosa han pactado las responsabilidades penales y los letrados de la Comunidad Autónoma, encabezados por Juan Pérez Mas, se han encargado de las pecuniarias. Por ello, al margen del acuerdo global, la DGA ha rubricado un pacto anexo sobre la responsabilidad civil con el acusado y representante de la empresa Intesa-Inarsa, Nicolás Groeneveld.

El haber pactado y confesado una serie de delitos no evitará a muchos de los encausados tener que declarar, ya que la Fiscalía y el resto de acusaciones se apoyarán en sus testimonios para intentar condenar también a los cinco investigados que no han negociado.