Un total de 1.385 extranjeros residentes en Aragón obtuvieron la nacionalidad española el pasado año. Esta cifra supone un drástico descenso del 71,4% con respecto al 2016, cuando la adquirieron 4.847 personas. Desde 2013, cuando el Gobierno español concedió 6.582, el número de habitantes de otros países que han logrado la nacionalidad ha caído casi un 79%, aunque el mayor desplome se ha producido en el último año. La Plataforma Ciudadana contra el Racismo atribuye esta bajada a una falta de recursos para agilizar la resolución de los expedientes, al mismo tiempo que denuncia el “apagón informativo” sobre la cantidad de solicitantes que se presentan.

Para, Antonio Ranera, uno de los portavoces de la plataforma, esta espectacular caída de la obtención de la nacionalidad española no se puede atribuir al actual procedimiento para su obtención por residencia que entró en vigor hace tres años, ya que las resoluciones de 2017 se corresponde a las peticiones de 2014 y no se les ha aplicado el nuevo decreto. Critica que el tiempo “prometido” de un año para la resolución de los expedientes no se está cumpliendo y el tiempo de espera a día de hoy es de más de dos años. A lo largo de este 2018 se ha recibido la respuesta a las demandas de 2015 y principios de 2016.

¿Cuál es la razón? Ranera entiende que tampoco se debe achacar a un descenso de las solicitudes de nacionalidad ya que, se queja, este dato “no lo publica el Instituto Nacional de Estadística y las organizaciones y entidades que trabajamos con este colectivo tampoco lo hemos podido obtener”. En su opinión, la explicación puede estar en que el Gobierno central no ha destinado ninguna “inyección económica” para hacer frente a esta tarea y hay un “colapso”. En este sentido, recuerda que con el Gobierno de Mariano Rajoy este papeleo, dependiente de la Dirección General de los Registros y del Notariado, se llegó a derivar a los registradores de la propiedad.

Esta disminución también se produce en el ámbito nacional, aunque es mucho más pronunciada, 15 puntos más, en la Comunidad. Durante 2017 en España la adquirieron la nacionalidad 666.498 extranjeros, una cifra que supone una bajada del 55,9% respecto al año anterior. De las 1.385 otorgadas en Aragón, 717 fueron para hombres y 668 para mujeres. El tramo de edad que más nacionalidades acumuló fue el de niños entre 5 y 9 años y 10 y 14 años, con 187 en cada grupo. Le siguen, los grupos de 15 a 19 años, con 170 y de 0 a 4, con 162. Ya en edad adulta, el grupo más numeroso es el comprendido entre lo 40 y 44 años, con 137.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el país de origen que más nacionalidades ha obtenido ha sido Marruecos, con 304; seguido de Ecuador, con 126 y Republicana Dominicana, con 102. El listado de los diez lugares de procedencia más numerosos lo completan Nicaragua, con 87; Colombia, con 85; Gambia, con 81, Argelia, con 69, Senegal con 66, Pakistán con 44 y Mali con 38. Por provincias, en Zaragoza se obtuvieron 999 nacionalidades, un 71% menos que en 2016; en Huesca 263, se repite la caída de un 71% y en Teruel 123, lo que supone una caída de un 74%.

Un proceso “costoso y discriminatorio”

La Plataforma Ciudadana contra el Racismo también denuncia que el actual procedimiento para el acceso a la nacionalidad española por residencia, que entró en vigor en 2015, es “costoso, dilatado en el tiempo y discriminatorio”. Entiende que las nuevas exigencias son una auténtica carrera de obstáculos que hace desistir a muchos extranjeros, plenamente integrados y con empleo, de solicitar la nacionalidad.

Una de las novedades de la nueva normativa, critican los colectivos que trabajaban con extranjeros en la Comunidad, es el establecimiento de unas tasas administrativas obligatorias, concretamente de 102 euros, frente a la gratuidad del procedimiento anterior. Este precio se puede ver aumentado considerablemente si el aspirante tiene que obtener un diploma español (DELE) que tiene un coste de 124 euros y que obligatoriamente tienen que llevar a cabo todas las personas cuyo país no sea de habla hispana. Además del examen anterior, establece como obligatoria una prueba de valoración del conocimiento de la Constitución y costumbres españolas -CCSE- que tiene un coste de 85 euros.

Si bien la normativa prevé la posibilidad de pedir una dispensa a la realización de los exámenes DELE y CCSE para algunos supuestos como analfabetismo, dificultades en el aprendizaje o haber superado la ESO en España, a día de hoy esta exención no se ha regulado reglamentariamente. Otra dificultad añadida que apunta Ranera es que estos ejercicios en Aragón solo se pueden hacer en Zaragoza, Huesca y Jaca.

Otro inconveniente que lleva acarreada la obtención de la nacionalidad, según Ranera, es que desde el año pasado la vía telemática es preferente a la hora de presentar, instruir y resolver los expedientes de nacionalidad, lo que resulta especialmente gravoso para las personas afectadas por la “brecha digital” en el colectivo de extranjeros.