El Constitucional admite el recurso del PP a la ley de derechos históricos de Aragón

El Gobierno central también cuestiona el contenido íntegro de la norma que se aprobó en las Cortes y se reunirá con la DGA para intentar dirimir las discrepancias.

Archivo de la Corona de Aragón
El Constitucional admite el recurso del PP a la ley de derechos históricos de Aragón
José Miguel Marco

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso que presentó el Partido Popular contra la Ley 8/2018, de 28 de junio, de actualización de los derechos históricos de Aragón, que se aprobó en las Cortes con el apoyo de PSOE, CHA, Podemos, PAR e IU y los votos en contra del PP y Ciudadanos. Así lo confirmaron ayer desde el PP, que mostraron su satisfacción al suponer "un paso más para lograr que una ley que nunca debió ser aprobada sea eliminada del ordenamiento jurídico".

El Partido Popular estimó, en su recurso, que toda la norma es  "un despropósito jurídico que subvierte las reglas más básicas del Derecho, desde la supralegalidad constitucional hasta la seguridad jurídica, el sistema de fuentes de derecho, la jerarquía normativa y otros tantos principios". No obstante, hizo especial hincapié en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 a 22, 25, 26, 27, 29, 31 y 33, las disposiciones adicionales segunda, tercera (en relación con el artículo 3.4) y la sexta; las disposiciones finales primera y cuarta, y hasta en la exposición de motivos, donde en opinión de los letrados que prepararon el recurso se llega a "reinterpretar el proceso autonómico". Como resumió ayer Eloy Suárez, diputado del PP por Zaragoza en el Congreso, en su partido están convencidos de que "es una ley nefasta que hace aguas por todos los sitios".

El Gobierno central comparte muchas de las dudas que el contenido de la ley ha suscitado en el PP y Ciudadanos. Tal es así que cuestiona el contenido íntegro de la ley, y ese es el motivo por el que aún no ha especificado al Ejecutivo PSOE-CHA los artículos que es necesario revisar, según explicaron desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Incluso en el Consejo de Estado, donde prepararon un dictamen sobre esta controvertida norma, explicaron que no pueden hacer público su contenido hasta que el Gobierno central decida presentar un recurso de inconstitucionalidad.

El propio presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, ha empezado a marcar distancia con esta ley al declarar recientemente ante el comité regional del PSOE-Aragón que "la historia no da derechos, los derechos los da la Constitución". Su opinión contrasta con el contenido de la ley que impulsó CHA en cumplimiento de uno de los acuerdos de investidura, que en su artículo 2 señala que "los derechos históricos residen en el pueblo aragonés".

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