Aragón Stop Sucesiones y Plusvalía denuncia a España en Bruselas y pide la eliminación del impuesto

La asociación plantea a la Comisión Europea que abra un expediente al país por incumplir la legislación de la UE. Solicita la anulación de las normas autonómicas que regulan el gravamen por ser discriminatorias

Francisco Langa y Miguel Ángel Ramos, de Aragón Stop Sucesiones y Plusvalía, con el escrito de la denuncia
José Miguel Marco.

Aragón Stop Sucesiones y Plusvalía ha dado un paso más en su guerra contra el impuesto que grava en España las herencias.

La Asociación acaba de presentar ante la Comisión Europea una denuncia contra el Reino de España porque entiende que tanto la ley nacional como las autonómicas están vulnerando la normativa de la UE, en lo que se refiere a la regulación de los gravámenes de Sucesiones y Donaciones.

Aragón Stop Sucesiones y Plusvalía ha adoptado esta medida conjuntamente con las asociaciones de Andalucía y Asturias, con las que coincide y comparte su exigencia de eliminar este impuesto y con las que conforma la Federación Nacional contra el Impuesto de Sucesiones (Fencis).

Maite Pagazaurtundúa, eurodiputada por UPyD (Grupo Alianza de Demócratas y Liberales), ha sido la encargada de hacer llegar a Bruselas el escrito de queja.

En su denuncia ante la Comisión Europea, la asociación aragonesa se queja de las desigualdades existentes en España a la hora de tributar por las herencias. Y recuerda que, dado que este impuesto está transferido a las autonomías, el gravamen puede ser más o menos elevado –o incluso, no existir como ocurre en el País Vasco y Navarra–. Todo ello en función del territorio en el que esté empadronado el fallecido y de la legislación autonómica que se le aplique, con sus bonificaciones o exenciones.

"Esto da lugar –apunta el escrito– a que en el Reino de España coexistan 20 sistemas fiscales diferentes respecto al tratamiento del impuesto de Sucesiones y Donaciones, generando importantísimas diferencias de trato, y situaciones discriminatorias, que atentan contra el principio constitucional de igualdad ante la ley".

La denuncia va más allá y explica que, en opinión de las asociaciones que plantean la queja, el diferente trato fiscal que se da a los contribuyentes españoles en función del lugar donde residan vulnera también las normas del Tratado Fundacional de la UE y el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

"Se produce una discriminación –argumenta el texto– entre los ciudadanos españoles y cualquier ciudadano europeo residente en España, generándose una desigualdad de trato fiscal ante el pago del impuesto de Sucesiones, solo por el lugar donde haya residido habitualmente el causante en el momento de fallecer".

Asimismo, la denuncia apela al derecho a la libre circulación y residencia de cualquier ciudadano europeo y a la libre circulación de capitales. Y recuerda que en ambos casos, recogidos en el Tratado de Funcionamiento de la UE, "queda abolido cualquier tipo de discriminación por razón de nacionalidad o residencia y quedan prohibidas las restricciones de los movimientos de capitales, así como las discriminaciones de trato por razón de residencia", apunta.

Por todo ello, se solicita a la Comisión Europea que inicie un expediente para investigar y depurar las infracciones denunciadas.

También se pide la anulación de toda la legislación autonómica española, que es la que ha dado lugar a las discriminaciones citadas, "por ser contrarias a la normativa europea, vulnerar derechos fundamentales y generar situaciones discriminatorias entre ciudadanos españoles y europeos".

Trasladar la presión a Madrid

Francisco Langa y Miguel Ángel Ramos, presidente y vicepresidente, respectivamente, de Aragón Stop Sucesiones y Plusvalía, explicaron ayer que la denuncia presentada ante la institución europea persigue el mismo objetivo que las movilizaciones llevadas a cabo en la Comunidad y en el resto de España: la supresión del impuesto de Sucesiones.

Ramos recordó que lo logrado en Aragón –donde se ha aumentado la exención del impuesto hasta los 500.000 euros–, es "transitorio", ya que los aragoneses siguen dependiendo de las decisiones que puedan tomar futuros gobiernos autonómicos.

"El problema debe ser solucionado en Madrid –dijo–. Hay que conseguir que el gravamen desaparezca en toda España".

La modificación en Aragón "es un primer paso –recordó Langa–, pero hay que trasladar la exigencia al Gobierno central". También avanzaron que se va a pedir a todas las formaciones políticas que respalden la denuncia presentada ante la Comisión Europea.

Maite Pagazaurtundúa: "Es doblemente injusto porque quien más tiene lo puede eludir"

Maite Pagazaurtundúa, diputada del Parlamento Europeo, ha sido la encargada de presentar en la Comisión Europea la denuncia. Pagazaurtundúa explicó ayer que lo había hecho porque apoyaba lo que el escrito pedía.

"Tuve contacto con la asociación andaluza –dijo– y vi los desastres que puede causar el impuesto. Que haya gente que deba renunciar a ejercer su derecho legítimo a la herencia o que se arruine. Me contaron casos horribles, escalofriantes".

Para la eurodiputada, este impuesto es "doblemente injusto porque quien más tiene puede eludir su pago y porque grava patrimonios que ya han ido tributando toda su vida, en diferentes momentos".

"Solo hay que hablar con los notarios de San Sebastián –explica–, que saben mucho de empadronamientos y movimientos de haciendas y patrimonios. En cambio, los más pobres y vulnerables no tienen ni idea de esto y son los que acaban pagando".

En cuanto al recorrido que puede tener la denuncia presentada en la Comisión, la eurodiputada opinó que "lo importante es que se hable de esta situación en Europa".

En principio, puede abrirse una investigación, pero no hay plazos. Luego, dependerá de que la Comisión considere que se vulnera alguna norma europea. .

Un tributo cuestionado y ‘acorralado’ por la Comisión Europea

La Comisión Europea lleva varios años advirtiendo a España de que su normativa sobre el impuesto de Sucesiones y Donaciones vulnera el derecho comunitario por obstaculizar la libre circulación de personas y capitales.

Una de las últimas actuaciones en este sentido fue la denuncia interpuesta en 2012 ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dictó sentencia en septiembre de 2014. En ese caso, se dirimía la discriminación que existía en la aplicación del gravamen a los no residentes que pagaban, por herencias y donaciones, más que los residentes.

Esto se produce porque al estar cedida la normativa del impuesto a las Comunidades autónomas, los residentes pueden tener beneficios fiscales, ya que se les aplican las exenciones y bonificaciones reguladas en esos territorios.

Sin embargo, los no residentes deben pagar al Estado el impuesto –que aplica la normativa estatal, con una tarifa progresiva del 7,65% al 34%–, sin poder beneficiarse de ninguna ventaja económica. El fallo del tribunal europeo pone fin a esa discriminación.

Pero no solo se ha pronunciado Europa sobre este impuesto. El Tribunal Supremo planteó en 2013 un recurso ante el Tribunal Constitucional por la regulación que hacía Valencia del gravamen. 

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