La Ley de Memoria Democrática, que se aprobará el jueves en las Cortes, fija un plazo máximo de 18 meses para la retirada o eliminación de todos los elementos que atenten contra ella. Las entidades locales que no eliminen estos símbolos de sus edificios o espacios públicos, o que obstruyan el cumplimiento de la norma respecto al reconocimiento y reparación de las víctimas mediante su exhumación o acceso a documentos, podrán ser objeto de sanción con su exclusión de la concesión de subvenciones y ayudas públicas. Además, si no se lleva a cabo, el Gobierno de Aragón incoará de oficio el proceso.

El proyecto de ley considera elementos contrarios a la memoria democrática y a la dignidad de las víctimas los realizados en "conmemoración, exaltación o enaltecimiento del golpe de Estado de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial". Entre ellos, hace referencia expresa a placas, escudos, insignias, anagramas en edificios públicos o en la vía pública y denominaciones de calles, vías o lugares públicos que rindan homenaje a militares o políticos afectos al golpe de Estado o al régimen franquista.

El propio Gobierno de Aragón procederá a elaborar un censo de símbolos contrarios a la memoria democrática, que será revisado y actualizado, aunque su confección no podrá servir de excusa para que las administraciones procedan a su retirada.

No se aceptarán peticiones para mantener este tipo de elementos "por razones artísticas o arquitectónicas", salvo que patrimonio cultural emita un informe al respecto en el plazo de tres meses.

Cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén en edificios de carácter público, las instituciones o personas jurídicas titulares de los mismos serán los responsables de su eliminación. La resolución por la que se acordará su retirada recogerá el plazo para realizarla y será ejecutiva, de manera que se llevará a cabo con independencia de los recursos que se puedan interponer en los juzgados.

La futura norma establece, además, que las administraciones públicas de Aragón podrán proceder a invalidar todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos (alcaldes honorarios, hijos adoptivos o predilectos) y denominaciones de vías o espacios públicos que se consideren "formas de exaltación de personas vinculadas al régimen franquista". En este caso, se dará trámite de audiencia a las personas interesadas durante quince días y se dictará una resolución motivada que se notificará en el plazo máximo de tres meses.

Críticas de PP y PAR

PP y PAR rechazan el contenido de varios artículos de esta norma y decidieron mantener sus votos particulares al dictamen que se examinó la semana pasada en la  Comisión Institucional de las Cortes de Aragón.

El preámbulo de esta futura ley hace referencia a la proposición no de ley 285/16 que emitieron las Cortes de Aragón "condenando el golpe de Estado y el régimen de dictadura militar", e instando al Gobierno de Aragón "a proseguir en la defensa y fomento de los valores democráticos y el Estado de derecho", y a aprobar una "ley de localización e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, y de dignificación de las fosas comunes".

El dictamen de la ponencia, que defenderá en el pleno el diputado socialista Darío Villagrasa, ratifica que las sanciones pueden llegar a los 150.000 euros. La ley fija como infracciones muy graves el traslado de restos humanos correspondientes a enterramientos clandestinos, las excavaciones para exhumar cadáveres sin autorización y la destrucción de fosas de víctimas, documentos o elementos integrados en la ruta de memoria democrática.