La DGA bloqueará más de 200 millones de gasto si finalmente se prorroga el presupuesto

Ayudas sociales y de empleo, el fondo para la despoblación y el Fite, entre las partidas retenidas. Inversiones y transferencias quedarían afectadas, pero las carreteras se salvan al tramitarse este año.

El Gobierno de Aragón al completo en los jardines del Pignatelli
El Gobierno de Aragón al completo en los jardines del Pignatelli
Aránzazu Navarro

El Gobierno de Aragón se verá obligado a bloquear más de 200 millones de euros de gasto si finalmente la izquierda es incapaz de pactar las cuentas autonómicas y se prorrogan las de este año. No solo quedarán retenidas las ya de por sí exiguas inversiones, en mínimos históricos a lo largo de la legislatura, sino partidas más que significativas como el Fondo de Inversiones de Teruel (Fite), las ayudas al alquiler para jóvenes y parte de las destinadas al empleo, las bonificaciones de los peajes y el fondo para combatir la despoblación. En todo caso, la mitad del dinero bloqueado afectaría directamente al gasto social.

Las estimaciones de la coalición PSOE-CHA están en la línea de las que ya calcularon e hicieron públicas el año pasado para presionar públicamente a sus socios de investidura, Podemos e Izquierda Unida, y forzarles a cerrar un acuerdo, como finalmente hicieron a principios de marzo con la aprobación de las cuentas. Entonces, la cifra se elevaba hasta los 250 millones, aunque en esta ocasión ya no habrá que pagar los atrasos de la paga extra de 2012 a los funcionarios ni se verán afectados los hospitales de Alcañiz y Teruel al disponer en estos momentos de sendas partidas plurianuales.

Los socios de investidura, Podemos e Izquierda Unida, ni siquiera se han sentado a hablar del borrador presupuestario que ya tiene hilvanado el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, hasta el punto de darle plantón la semana pasada en el primer encuentro convocado en su despacho para este fin. El presidente, Javier Lambán, ha dejado muy claro que no piensa admitir condiciones previas, en alusión a las cinco medidas planteadas por la formación morada para sentarse a negociar.

La exigencia de Podemos

Pese a esta escenificación, que se viene repitiendo todos los años por estas fechas, en Podemos aún confían en reconducir la situación, conscientes de que sus exigencias tienen un impacto reducido: 50 millones, menos de un 1% del presupuesto no financiero de este año, que asciende a 5.303 millones.

La coalición PSOE-CHA tampoco está especialmente preocupada por la situación, dado que contará con un mayor colchón de financiación autonómica y las principales inversiones, como son los futuros hospitales turolenses y la partida para arreglar la vetusta red de carreteras, están aseguradas. En este último caso, se salvan del bloqueo por la iniciativa del consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, quien ha tramitado el gasto, que se eleva a 37 millones, de forma anticipada con el beneplácito de Hacienda. A esta misma fórmula recurrió en 2017 para blindar la inversión de este año.

Una hipotética prórroga paralizaría el resto de inversiones que no contaran con partida plurianual abierta, de las que están excepcionadas las destinadas a las Cortes y las de las comarcas. También se deberían retener las transferencias, lo que afectaría de lleno a las subvenciones millonarias que reparten anualmente el Gobierno de Aragón a entidades e instituciones.

Como advirtió el pasado martes el portavoz de Hacienda del PP, Antonio Suárez, no sería posible aumentar las partidas de las prestaciones del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, las ayudas a la dependencia pese a que casi 6.000 personas siguen a la espera o las becas de comedor. Tampoco podría el Inaem repartir las ayudas para parados de larga duración y las dirigida a los emprendedores y habría que ver si también se verían afectadas las de formación desempleados y las destinadas a centros especiales de empleo.

El posible bloqueo en Madrid

El panorama se podría complicar aún más si el Gobierno de Pedro Sánchez también se ve abocado a prorrogar las cuentas, un escenario que impediría gastar otros 200 millones para seguir impulsando las políticas sociales y recuperar las inversiones en 2019, según los cálculos del consejero de Hacienda. Incluso advirtió de que estaría "en peligro" la subida salarial para los funcionarios, fijada en un 2%, y tampoco se podrían lanzar las ofertas de empleo público previstas para el próximo ejercicio. No obstante, parte de este cálculo afecta a partidas de ayudas y subvenciones ya estimadas en el impacto de la prórroga autonómica.

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