Pocas aclaraciones ha ofrecido el Gobierno central sobre la Ley 8/2018, de actualización de derechos históricos en sus respuestas a las preguntas parlamentarias que formuló en el Congreso el diputado popular Eloy Suárez. Ni siquiera concreta si tiene previsto recurrir la norma al Tribunal Constitucional, a pesar de que ya ha comunicado al Gobierno aragonés que es necesario convocar la comisión bilateral Aragón-Estado para solventar las discrepancias que ha detectado en la norma que se aprobó en las Cortes, con los votos en contra del PP y C’s. Por ello, Suárez confirmó que seguirá adelante con el recurso que su partido ha planteado en el TC contra la polémica ley.

Las cuatro preguntas parlamentarias se formularon en julio y la mayoría de las respuestas llegó a mediados de octubre. Solo en un caso, el que se refería a si el Gobierno socialista iba a permitir que se publicara la ley en el Boletín Oficial del Estado, se contestó con celeridad. El Gobierno argumentó que el Real Decreto 181/2008, de ordenación del BOE, recoge que este boletín "es el medio de publicación de las leyes, disposiciones y actos de inserción obligatoria". Apuntó, por ello, que "las leyes aprobadas por Asambleas y Parlamentos autonómicos son publicadas en el BOE sin que el Gobierno interceda en función de su contenido".

Respecto a si va a presentar recurso ante el Constitucional, el Gobierno señala que la ley de derechos históricos, como el resto de normas autonómicas, "es objeto de un análisis jurídico por parte del Estado a fin de determinar si se adecua o no al orden de distribución de competencias". El 15 de octubre, el Estado advierte de que "no se ha adoptado ninguna determinación en cuanto a la referida ley".

Uno de los motivos que ha llevado al PP a recurrir la ley ante el Constitucional es que algunos de sus artículos modificarían el Estatuto de Autonomía. Entre ellos, figura el artículo 10.2, que hace referencia a la ubicación de la bandera de Aragón a la que la nueva norma otorga una "ubicación preferente". El Gobierno es rotundo al recordar que el Estatuto de Autonomía, en el caso de que fuera reformado, seguiría los trámites legislativos previstos para la reforma de todos los Estatutos de Autonomía y que incluyen "la aprobación de la propuesta por parte de las Cortes de Aragón, así como de las Cortes Generales mediante una ley orgánica".

Legislación europea

El PP considera que la ley de derechos históricos no solo vulnera la Constitución y el Estatuto, sino también la legislación europea. De hecho, los artículos 2 y 4.1, que instan a los poderes públicos a respetar los derechos históricos que residen en el pueblo aragonés, podrían contravenir el principio de primacía del Derecho Europeo. Por eso, Suárez preguntó al Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez cómo se lo explicará a a la UE.

A este respecto, el Gobierno señala que "existen distintos controles políticos y jurídicos para garantizar que las leyes autonómicas se adecuan al ordenamiento constitucional y europeo". Entre ellos, destaca el análisis que efectúan los servicios jurídicos del Estado y, en última instancia, el TC.

Argumenta, además, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ejerce una acción de control judicial para asegurar el cumplimiento del derecho de la UE. Estos serían los mecanismos que el Estado dice que podría usar si considerara que una ley no respeta el marco normativo vigente.