El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, ha manifestado este miércoles públicamente su apoyo expreso al Plan de Inversiones en Vivienda que prepara el Ayuntamiento de Zaragoza con horizonte 2018-2023 y ha ofrecido colaboración económica todavía sin cuantificar.

Este plan recoge una inversión de 72 millones de euros, con aportaciones del Banco Europeo de Inversiones (BEI), e incluye la construcción de 308 viviendas de nueva promoción y la rehabilitación de otros 848 pisos del parque público municipal.

Soro ha explicado en declaraciones posteriores a la reunión que ha mantenido con el concejal zaragozano de Vivienda, Pablo Híjar, que se siente en "absoluta sintonía" con el Ayuntamiento de la capital en lo relativo a políticas públicas de vivienda.

Así, ha ofrecido parte de la dotación que recibe el Gobierno autonómico por el Plan Estatal de Vivienda para este proyecto inversor, que es "muy ambicioso" y que "sin duda va a ser muy útil para la ciudadanía zaragozana".

No obstante, en este primer encuentro no han bajado más al detalle y las promociones, la cuantía y los plazos para colaborar en este proyecto municipal los concretarán en las próximas semanas, aunque sí que ha señalado que el Gobierno de Aragón dispone de 4,8 millones de euros hasta la finalización del Plan Estatal de Vivienda.

Ha dejado claro también que dicho plan estatal es "heredado del PP", por lo que debe incluir mejoras en la línea de fomentar el parque público de alquiler, que garantice el derecho a la vivienda y pueda intervenir en los precios.

En cuanto a las continuas informaciones que alertan de la escalada de los precios del alquiler, el consejero ha hecho un llamamiento a tener "muchísimo cuidado con las fuentes que se toman para realizar estudios" y a utilizar solo los datos públicos.

En palabras de Soro, no se pueden tomar como referencia los precios que marcan los portales inmobiliarios porque "eso no es real" y porque allí es donde acuden las rentas más altas, mientras en esos indicadores no aparecen aquellos que no usan intermediarios, que pagan menos por su alquiler.

En cualquier caso, ha reiterado que es "evidente" que se está produciendo un aumento en los precios del alquiler, pero lo ha situado en 453 euros mensuales, según los datos de 2017 de la propia DGA, un 5% más que el año anterior, pero aún casi 100 euros por debajo del máximo histórico que se dio en 2007.

Para corregir esta situación, serían necesarias modificaciones legislativas que desde Aragón no se pueden hacer, como el aumento de la duración de los contratos, impedir incrementos de precios por encima del IPC, en lo que ha confiado en que el Gobierno central tome la iniciativa.

De todos modos, ha recalcado que "lo fundamental" es aumentar el parque público, algo que cree que se tendría que haber hecho hace mucho tiempo.

Por su parte, el concejal Pablo Híjar ha definido el plan municipal como "una oportunidad histórica" y ha dicho que espera que en las próximas semanas o meses se concrete una colaboración "expresa" o algún tipo de coparticipación, también a nivel económico, con el Gobierno de Aragón.

Sobre los pasos a seguir, ha informado de que el BEI tiene que celebrar este mes un consejo de administración que deberá trasladar a la sociedad municipal Zaragoza Vivienda la oferta completa de la operación financiera, situada en torno a la mitad de la inversión total.

Después, esto lo deberá ratificar el Pleno municipal en noviembre o diciembre "a más tardar", algo en lo que son "optimistas" porque ven "muy difícil" que alguien se oponga a este plan.

En este sentido, ha indicado que se han producido muchas reuniones con los grupos municipales en los últimos meses y que ve "muy complicada" la oposición a este proyecto inversor, sobre todo por parte de los grupos de izquierdas.

En todo caso, Híjar ha señalado que algunas de las obras incluidas en el plan ya están en marcha, como los 80 alojamientos con servicios comunes en Las Fuentes o la rehabilitación de un edificio en el Barrio Oliver siguiendo criterios ecoeficientes.

Por último, ha considerado "razonable" la bolsa única de vivienda que prevé la ley aragonesa presentada por el consejero Soro, pero siempre que ello no signifique pérdida de autonomía local para abordar las políticas de vivienda.