CC. OO. pide a la DGA que impida que se discrimine a las embarazadas en las oposiciones

Comisiones Obreras ha presentado en la Mesa General de Negociación del Gobierno aragonés una propuesta para "acabar con la discriminación de las mujeres en los procesos selectivos". El sindicato recuerda que una empleada pública pasa a situación laboral de baja por riesgo en su semana 37 de embarazo (se mantendrá hasta seis semanas después del parto) y solicita que esta referencia temporal se aplique a todas las mujeres que esperan un bebé al optar a oposiciones o procesos de promoción interna.

En estos momentos, la única excepción que justifica la no presentación a un examen en caso de embarazo, y que permite que se repita la prueba, requiere que la afectada aporte un informe médico que acredite la imposibilidad física. De hecho, así figura en las bases de los procesos desde hace un año. El problema, según pone de manifiesto la sección sindical de CC. OO. en la DGA, es que esta medida resulta "absolutamente insuficiente" y exige, para compensarlo, que se elimine el requisito de entregar un informe médico. Para el sindicato, "es evidente que las condiciones médicas y psicológicas no son las mismas respecto al resto de los opositores y esta desigualdad tiene como origen el ser mujer".

La propuesta que debe analizar el Gobierno de Aragón implica que se admita que puedan realizar el examen en una fecha distinta las opositoras que estén entre la semana 37 de embarazo y seis semanas después del parto sin necesidad de aportar un informe médico. CC. OO. solicita, además, que estas medidas se apliquen también a las pruebas prácticas que requieren esfuerzo físico o a las aspirantes que han superado la oposición pero no pueden realizar en ese momento las prácticas.

"Avances" en los procesos selectivos de Aragón

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres insta, en su artículo 51, a "ofrecer condiciones de igualdad efectiva en el acceso al empleo público, removiendo para ello los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación". Con este fundamento jurídico, el Ejecutivo PSOE-CHA ha decidido flexibilizar el criterio que seguía hasta 2017, que consistía en aplicar la excepción de llamamiento único cuando la prueba coincidiera con la hospitalización de la aspirante o permaneciera en reposo domiciliario por embarazo o parto. En la Oferta de Empleo Público de 2017 ya se puede justificar la imposibilidad de acudir al llamamiento con el correspondiente informe médico. Aunque para la DGA es "un avance sustancial en la protección de la maternidad respecto a otras Administraciones Púbicas", CC. OO. lo considera insuficiente.

Desde el Gobierno de Aragón aseguran que, en los últimos procesos selectivos, no se ha presentado ningún recurso de alzada por parte de una embarazada contra los llamamientos únicos para los ejercicios realizados en la Administración General. Además, solo se ha dado un caso, en la oposición de Administrativos, de modificación de la fecha de un examen a una aspirante que tenía derecho a solicitarlo.