De forma arbitraria y unilateral, el Ministerio de Fomento acaba de retrasar otro año, hasta 2023, la finalización de las obras de mejora y electrificación de la línea ferroviaria entre Zaragoza, Teruel y Sagunto. Se trata de otro agravio para Aragón, una Comunidad que, especialmente en la provincia de Teruel, arrastra un histórico déficit de infraestructuras de comunicación que ralentiza su desarrollo.

El nuevo cronograma de los trabajos de reforma de la vía, que la presidenta del Adif presentó ayer a los representantes de Aragón y Valencia en la comisión de seguimiento, ha vuelto a echar un jarro de agua fría sobre las aspiraciones de ambas Comunidades. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez está impulsando con claridad el Corredor Mediterráneo y el Atlántico, vuelve a retrasar la modernización del trayecto Zaragoza-Teruel-Sagunto. Y eso, a pesar de que este tramo ya quedó relegado como de ‘segunda categoría’. Se hizo así a pesar de que no tiene ningún sentido que mientras todo el Corredor Cantábrico-Mediterráneo está programado como de altas prestaciones, con una doble vía electrificada y con un doble uso para mercancías y pasajeros, en el tramo Zaragoza-Teruel-Sagunto se produzca un corte que frenará velocidades y capacidades de carga.

El Ejecutivo debe replantearse no solo el calendario de mejora de la línea, sino incluso el sentido de toda la obra. Pensando en la vertebración integral de España, lo lógico es que se construya un corredor de altas prestaciones, con doble vía electrificada y uso mixto, similar al que se está realizando entre Zaragoza y el Cantábrico. Para eso sería imprescindible que tanto la Unión Europea (que ha retrasado la votación para incluir el corredor en la financiación comunitaria hasta el 22 de noviembre) como el Ministerio de Fomento impulsasen un proyecto que cuenta con el respaldo social y empresarial de las comunidades afectadas, pero que es de interés para todo el país.