El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha avanzado este lunes que es muy probable que el Ayuntamiento recurra el Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) ante los tribunales europeos después de la sentencia de hace unas semanas del Tribunal Constitucional en la que se avala la capacidad del Gobierno autonómico de cobrar este impuesto.

Santisteve y el consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, han comparecido este lunes en las Cortes de Aragón ante la comisión especial de estudio sobre la aplicación del ICA, donde el alcalde ha asegurado que este impuesto contraviene las normativas europeas, por lo que será la propia UE la que tenga que resolver acerca del mismo tal y como está actualmente planteado.

El ICA, ha dicho, debería ser un tributo finalista afecto a la depuración de las aguas y no servir para "tapar pufos" de anteriores Gobiernos relacionados con unos planes de depuración que han resultado ser "un despilfarro" y que conllevaron fondos, según el alcalde, de 347 millones de euros gastados "de forma inadecuada".

Santisteve no cierra la vía, ha dicho, a que el ICA sea "objeto de derogación", puesto que se impuso su pago a los vecinos de Zaragoza por una ley, la de medidas fiscales de 2016, que dejó sin efecto el convenio previo firmado por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento, que preveía un pago de dos millones de euros en 2013 y de cuatro, respectivamente, en 2014 y 2015, y unas inversiones a acometer por el Instituto Aragonés del Agua en Zaragoza de 2,7 millones de euros en quince años.

Inversiones, según Rivarés, que el entonces concejal de Hacienda, Fernando Gimeno, reclamaba "con la misma energía" con la que ahora las niega, desde su actual cargo de consejero autonómico del ramo.

Para Santisteve, la modificación "torticera" de la ley de acompañamiento de 2016 impuso "de forma desleal" una contribución de los ciudadanos de Zaragoza cuando la ciudad ya había asumido en 1993 en solitario, sin subvenciones europeas o autonómicas, el coste de la construcción de la depuradora de La Cartuja y toda la red de colectores.

En la ya obsoleta red de depuración de Zaragoza sería necesario invertir, ha dicho el alcalde, cerca de siete millones de euros al año.

Con la derogación del acuerdo y la imposición del ICA por ley, la aportación de los zaragozanos al ICA va a ser de veinte millones al año pero, a cambio, se dejan sin efecto las inversiones de IAA, algo que para Santisteve es una "jugada redonda" para el Gobierno de Aragón aunque también sea "una quiebra" de "confianza y de la buena fe", pero también de la necesaria lealtad institucional y de los principios de colaboración y cooperación que deben de regir, a su juicio, la relaciones entre ambas instituciones.

Rivarés, por su parte, ha defendido una propuesta de mejora del impuesto, basada en los postulados de la Red del Agua Pública de Aragón (RAPA) para conseguir revertir el hecho de que el ICA sea el impuesto afecto a la depuración del agua más caro de España.

Desde el Ayuntamiento zaragozano proponen un sistema mixto que incluya un impuesto con una cuantía reducida que no se gire a las personas físicas, sino a los municipios como sujetos pasivos, lo que supondría un ahorro de dos millones de euros al año que es el coste de la gestión actual del impuesto, y una tasa según en consumo. De esta forma, según Rivarés, se pagaría un 45 por ciento menos.

La tasa supone que solo la pagarían quienes efectivamente reciben el servicio y con tarifas progresivas en función del consumo final.

Por otro lado, el "derroche" generado por los planes de depuración tendría que ser asumido por el Gobierno de Aragón en sus presupuestos generales, y el pago a las concesionarias de la depuración en los diferentes sectores tendría que ser negociado para que las empresas asuman "una quita a la baja".

"Si los ciudadanos no fuimos responsables (de los problemas de los planes de depuración), ¿por qué tenemos que ser los paganos?", se ha preguntado Rivarés.

Antes de comenzar la sesión, que solo es abierta a los medios de comunicación durante las intervenciones de los comparecientes pero no cuando hablan los portavoces de los grupos, el diputado del PP Ramón Celma ha solicitado que, dada la importancia de la sesión, pudiera ser seguida entera por los periodistas.

La presidenta de la comisión, Marta de Santos (Podemos) le ha recordado que la decisión de hacerlo así se tomó por unanimidad cuando se constituyó el órgano de trabajo, que todas las comisiones de estudio sobre otros asuntos tienen el mismo formato y que no se pueden cambiar las reglas a mitad de su desarrollo.