Aragón reclama ventaja fiscales para combatir la despoblación

Aragón ha reclamado este lunes  en Madrid la adopción de ventajas fiscales para el medio rural si se pretende plantar cara al grave problema de la despoblación que sufre las autonomías del interior de España. Este ha sido el mensaje que trasladaron los presidentes de las diputaciones de Zaragoza y Huesca, los socialistas Juan Antonio Sánchez Quero y Miguel Gracia, y la alcaldesa de Celadas, Raquel Clemente (PP), en la constitución del grupo de trabajo frente al reto demográfico de la Comisión Nacional de Administración Local.

Este nuevo órgano, integrado por representantes del Gobierno y otros trece designados por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), pretende elevar sus propuestas para elaborar la estrategia nacional para frenar la despoblación, comprometida por el Gobierno central para la próxima primavera.

El presidente de la DPZ ha recordado que la reclamación de una discriminación positiva en materia fiscal es una de las 79 medidas que ya acordó hace un año la comisión de despoblación de la FEMP que preside.

Sánchez Quero ha defendido en la reunión la necesidad de que las diputaciones vuelvan a gestionar fondos europeos Feder y los planes de obras y servicios, que suprimió el PP, para mejorar la calidad de vida a los vecinos.

El responsable socialista también ha puesto el acento en la urgencia de implantar la banda ancha en todos los municipios para evitar que aquellos que perdieron «el tren de la industrialización» lo hagan ahora con el de las nuevas tecnologías. «Se debe entender como un servicio básico al igual que el alumbrado, la potabilización o la pavimentación», enfatizó.

Por todo ello, ha planteado a los representantes estatales que atiendan las 79 medidas contra la despoblación de la FEMP, que avaló el Consejo Económico y Social de España. «Si hace falta, que prioricen, pero que las presupuesten y se coordinen con lo que ya se está haciendo», ha sentenciado.

El presidente de la DPH también ha destacado la necesidad de consenso y ha remarcado que la financiación municipal, la reposición de personal y la propia legislación son «fundamentales» para afrontar el reto demográfico.

Miguel Gracia ha incidido en que el Gobierno del PP limitó a los municipios las posibilidades de invertir y de reponer plantilla y ha abogado por poner punto y final para garantizar servicios en el medio rural. Igualmente, ha planteado en la reunión que toda legislación deba llevar implícita un informe demográfico «al igual que se exige para otros temas menos trascendentales».

A las reclamaciones se unió la alcalde de Celadas, Raquel Clemente, quien ha insistido en la necesidad de aprobar ventajas fiscales para el medio rural en la línea de lo consensuado en el seno de la Federación de Municipios. Clemente ha apuntado a este diario que la lucha de despoblación es un «reto de Estado», en el que todas las instituciones deben «arrimar el hombro desde la lealtad». De puertas adentro, en la reunión celebrada en el Ministerio de Política Territorial, criticó la supuesta inacción del Gobierno de Sánchez y defendió la gestión de Rajoy.

Las entidades locales han trasladado a la comisionada del Gobierno para el Reto Demográfico, Isaura Leal, un cronograma de reuniones con el fin de ir avanzando y tener fijadas las fechas, y que se traduciría en al menos dos encuentros más a lo largo del año.

El encuentro ha estado presidido precisamente por Isaura Leal, quien ha destacado la necesidad de las aportaciones de alcaldes y presidentes de diputación «por su proximidad al ciudadano, por su conocimiento del territorio y por los servicios públicos que prestan». Y señaló que se deben valorar las iniciativas que ya desarrollan, «asumiendo incluso los sobrecostes de la baja densidad, la dispersión y el envejecimiento en la prestación de servicios en condiciones de extrema fragilidad».