El Gobierno de Aragón descarta sancionar a Ryanair por los retrasos de este verano

El Ejecutivo asegura que no tiene competencias y traslada la responsabilidad a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea

Los sindicatos han desconvocado la primera jornada de huelga, de las tres previstas.
Imagen de archivo de uno de los aviones de Ryanair.
Reuters

El Gobierno de Aragón descarta sancionar a Ryanair por los retrasos y las cancelaciones de este verano en el aeropuerto de Zaragoza, que habrían afectado a alrededor de 3.000 pasajeros. Las incidencias, denunciadas por la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), perjudicaron especialmente a las conexiones con el aeropuerto de Londres. Hubo viajeros que tuvieron que esperar más de seis horas sin comida ni bebida, una situación que se ha traducido en un alto número de quejas y reclamaciones.

La directora general de Protección de Consumidores y Usuarios, Ros Cihuelo, asegura que “las actuaciones de índole sancionadora que se pretendiesen acometer podrían incurrir en un vicio de nulidad por una incompetencia funcional”. A su entender, es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) quien tiene competencias, ya que la normativa autonómica “tiene carácter básico y presencial”. No obstante, la UCA entiende que el Ejecutivo autonómico “tiene capacidad sancionadora”, ya que comunidades como Madrid o Cataluña sí han actuado contra la aerolínea, que en Aragón recibe una subvención de hasta seis euros por pasajero.

En Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad ratificó en diciembre de 2013 una multa de 220.000 euros contra la compañía aérea por diversas infracciones en materia de consumo. También se tomaron acciones en las Baleares, donde se penalizó su “política agresiva de imposición injustificada”. La Generalitat, por su parte, expedientó a varias aerolíneas tras recibir 176 denuncias a través de la Agencia Catalana de Consumo. El Gobierno de Aragón, en cambio, insta a dirigir “cualquier denuncia que se plantee” a AESA.

La UCA recuerda que la normativa aragonesa de consumo “tipifica” este tipo de sanciones. Cree, en este sentido, que el Gobierno de Aragón “tendría que haber actuado” y haber abierto expediente informativo, ya que en el vuelo RYR2635, el de la espera de más de seis horas, “no se garantizaron los derechos asistenciales de los pasajeros”. “Este verano hemos recibido multitud de llamadas, muchas más que otros años. También ha habido problemas con Vueling”, explican desde la agrupación.

La Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios insiste en que “los usuarios que hayan reclamado a la compañía y no obtengan respuesta, así como aquellos que no estén conformes con la misma, podrán formalizar sus reclamaciones en el Servicio Provincial de Ciudadanía y Derechos Sociales, donde se llevarán a cabo las acciones de mediación que correspondan y, en su caso, se derivarán a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea”, informa Cihuelo en su escrito de respuesta a la Unión de Consumidores.

Esta, no obstante, no es la única vía de reclamación abierta. La UCA también ha denunciado la situación vivida este verano en el Ayuntamiento de Zaragoza ante AESA, aunque, por el momento, no ha recibido respuesta. El problema, apuntan fuentes de la asociación, es que Ryanair ha recibido un número inusual de reclamaciones por los retrasos y las cancelaciones derivadas de las huelgas de los últimos meses, lo que ha hecho que las peticiones se acumulen y los plazos se dilaten. “La mayor parte de las enviadas a título individual siguen a la espera”, confirman.

Informacu, por su parte, ultima la documentación necesaria para trasladar la polémica a los tribunales. Será “una acción colectiva” que agrupará al menos una decena de las quejas recibidas. La agrupación ha recibido en los últimos meses en torno a una veintena de llamadas. La mayoría, centradas en vuelos cancelados. Solo el de Milán del 25 de julio, suspendido en una de las primeras huelgas, dejó tirados a más de 370 pasajeros.

La Asociación de Consumidores Torre Ramona también acumula una decena de quejas, aunque todavía no están judicializadas. "Queremos esperar a que las sentencias estén más avanzadas, ya que se está considerando la huelga como causa de fuerza mayor, lo que obliga a los denunciantes a asumir las costas. No podemos arriesgar", explica Luis Manuel Lamata, abogado de la agrupación. A su juicio, los paros eran "legítimos" y "evitables", por lo que no comparte este criterio. "Entendemos que una causa mayor es algo inevitable, y esto no lo era. Bastaría con que Ryanair hubiese cumplido la normativa española", recalca.

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