El PP recurre varios artículos de la ley de los Derechos Históricos de Aragón
Asegura que la norma, aprobada en junio por las Cortes de Aragón, "va contra la Constitución y el Estatuto".
El secretario general del Grupo parlamentario popular, José Antonio Bermúdez de Castro, y el presidente del PP de Aragón, Luis María Beamonte, han registrado un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley de actualización de los de derechos históricos de Aragón.
Ante la sede del Tribunal Constitucional y en declaraciones a los medios de comunicación, Bermúdez de Castro ha indicado que la norma, aprobada en junio por las Cortes de Aragón, "va contra la Constitución y el Estatuto".
Bermúdez de Castro ha precisado que los servicios jurídicos del grupo parlamentario estudiaron su contenido y han concluido que al menos 24 artículos y cinco disposiciones tienen "serias dudas de constitucionalidad".
Para el PP, entre otras materias, "infringen la jerarquía normativa, invaden competencias del Estado, incumplen la ley de financiación de las comunidades autónomas, modifica el Estatuto de autonomía de Aragón por la puerta de atrás con una norma de rango inferior y altera un elemento fundamental de la Constitución: el sujeto único de soberanía del que emanan todos los poderes del Estado, que es el pueblo español".
"Se habla de soberanía compartida -ha agregado- y el Constitucional ha establecido en múltiples ocasiones que autonomía no es sinónimo de soberanía y no se puede condicionar la Constitución, como hace esta norma, hasta el punto de que el propio PNV la pone como ejemplo para defender la vía unilateral de independencia".
Beamonte ha insistido en que se presenta el recurso en defensa de la Constitución, de la soberanía nacional, de los valores de convivencia, de la legalidad, del Estatuto y de la convivencia que "nos dimos todos juntos los españoles".
A su juicio, la ley "no tiene más misión que contentar a los socios del PSOE" y "de vestirse de un aragonesismo fingido que, precisamente, no es el que tienen".
Ha indicado que "hay una vulneración evidente de conceptos fundamentales" y que los derechos históricos de Aragón "no pueden prevalecer por encima de la Constitución", por lo que es una ley "que está fuera de lugar y que es, absolutamente, desafortunada en unos momentos como los que estamos viviendo".
Ha explicado que los artículos y disposiciones recurridas afectan al derecho procesal, que es materia reservada al Estado; alude a los símbolos, al agua, la participación en el Archivo de la Corona o la vecindad aragonesa; define a la comunidad como una comunidad histórica de derecho foral y habla de relación bilateral con el Estado.
Además, ha manifestado, "cualquier ley del Estado o de la UE tiene que se aceptada o negociada" por Aragón.
