El Gobierno de Aragón desoirá las exigencias de Podemos y seguirá cobrando el polémico Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) en toda la Comunidad mientras negocia su reforma. Solo en septiembre ha notificado recibos de 2017 y 2018 a 81 municipios de las tres provincias y en Zaragoza, emitirá las facturas de 2017 este último trimestre. Lo confirman fuentes del Ejecutivo autonómico, que rechazan la paralización que reclaman Podemos, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) y aseguran que no cobrar el ICA sería prevaricar.

El Gobierno de Lambán defiende que la próxima notificación de las facturas de 2017 a más de 300.000 hogares zaragozanos responde "al cumplimiento estricto de la ley", versión que también comparten los socialistas aragoneses, que siguen negociando con Podemos la revisión de este impuesto. La formación morada reconoce haber recomendado a sus interlocutores "que no se gire" el recibo y que seguir cobrando el ICA creará "una tesitura muy complicada para seguir hablando". "Sería un gesto muy importante que podrían hacer ahora", recuerda la diputada Marta de Santos, una de las representantes de Podemos que participan en la negociación.

Pero el ritmo de cobro, lejos de ralentizarse, se ha acelerado. Hasta agosto se había notificado el recibo de 2018 a más de un centenar de municipios y desde este viernes se ha abierto el periodo voluntario de pago a 59 más (81 si se tienen en cuenta las facturas de 2017). En el listado aparecen Panticosa, Mediana de Aragón, Nuez de Ebro, Sallent de Gállego, Alcañiz, Ayerbe, El Burgo de Ebro, Ejea de los Caballeros, Fraga, Sos del Rey Católico y Zuera, entre otros.

Estos municipios tendrán hasta el 21 de noviembre para pagar, según consta en la orden firmada por la directora del Instituto Aragonés del Agua (IAA), Inés Torralba. Si no lo hacen, "las deudas pendientes serán exigidas por la vía de apremio y se devengarán los intereses de demora y las costas que se produzcan".

En Zaragoza, los recibos de 2017 se prevén inminentes. El Gobierno de Aragón confirma que los plazos, a falta de fechas definitivas, "serán muy similares a los de hace un año". Entonces, las cartas empezaron a enviarse por zonas a mediados de octubre. De ser así, el cobro comenzaría sin haber resuelto los más de 89.000 impagos registrados en la capital, a quienes se les reclamará las cantidades adeudadas por la vía de apremio.

Esta decisión podría complicar las negociaciones con el Ayuntamiento en Zaragoza, con quien el Gobierno de Aragón espera reunirse antes del 15 de octubre. La propia concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Teresa Artigas, instó este jueves al Gobierno de Aragón a no cobrar "de ninguna manera" los recibos de 2017. "No se pueden pasar si a la vez se quiere hablar del tema. Es inadmisible y totalmente incoherente, una tomadura de pelo para la ciudad", manifestó.

La concejala calificó de "inaudito" el hecho de que el recibo de 2017 vaya a girarse "en plenas negociaciones", ya que se prevé una reforma "sustancial".

Nueva recogida de recursos

El Gobierno de Aragón negocia con Podemos asumir a fondo perdido parte del ICA para rebajar los recibos y que los aragoneses paguen en la misma medida que el resto de los españoles. La formación morada pretende que los contribuyentes dejen de pagar al menos 12 de los 69 millones de euros que se pretenden recaudar. La supresión de este impuesto, en todo caso, está fuera de la mesa.

La Red de Agua Pública de Aragón anuncia nuevas protestas ahora que el Ejecutivo autonómico ha reafirmado su postura. Su portavoz, Enrique Gracia, asegura que existen "argumentos jurídicos suficientes" para paralizar el cobro y critica la "inflexibilidad absoluta de la DGA". El colectivo volverá a recoger recursos como ya hiciera en Zaragoza con los recibos de 2016 (registró en torno a 50.000) y no descarta convocar una manifestación como la de principios de febrero, a la que acudieron unas 3.000 personas.

Sus integrantes, como explica Gracia, no entienden "que el Gobierno de Lambán haya reconocido la injusticia de este impuesto y pretenda seguir cobrando los recibos de 2017 y 2018".

Los cambios se aplicarán "cuanto antes"

El PSOE se compromete a aplicar "cuanto antes" los cambios que acuerde con Podemos para rebajar el recibo del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA).

Fuentes del Partido Socialista confirmaron ayer que las novedades, apoyadas en criterios de progresividad y nuevas exenciones, se ejecutarán "en cuanto sea posible", una tesis que también sostiene Podemos. La formación morada asegura que el objetivo es que se apliquen "a los recibos de 2019", aunque ninguno de los dos partidos se atreve a decir cuándo se aprobará la reforma, ligada al ‘sí’ de las Cortes de Aragón. Sobre todo teniendo en cuenta que PP y PAR plantearon esta semana la disolución de la comisión que estudia la aplicación del ICA si la izquierda termina pactando al margen del debate parlamentario.

Las negociaciones, en todo caso, se retomarán esta semana, que estará marcada por el debate sobre el estado de la Comunidad. Al margen de la rebaja de los recibos, Podemos plantea recuperar la gestión del cobro, ahora externalizada. La formación que lidera Nacho Escartín sostiene que así "se reducirían costes y se agilizaría la tramitación".

Estos, en todo caso, no serán los únicos cambios que afecten al ICA. El Gobierno de Aragón también negocia con el Ayuntamiento de Zaragoza un convenio que hará que el Consistorio asuma directamente el cobro de este impuesto a cambio de una partida anual de entre dos y cuatro millones de euros que se destinará a obras de depuración.

Una partida por concretar

La cuantía que percibirá cada año el Ayuntamiento es aún una incógnita. La propia portavoz de Podemos, Maru Díaz, exhibió este jueves en el pleno de las Cortes un borrador en el que en vez de números aparecían equis. "Ni el Ayuntamiento ni ninguno de nosotros sabemos cuál es la cuantía. Pongan cifras, sentémonos y pongámonos a trabajar con la ley", le espetó Díaz a los socialistas al hacer balance de los ocho meses de aplicación de la también cuestionada ley de capitalidad.

Fuentes de la Consejería de Presidencia, que encabeza las negociaciones por parte del Gobierno de Aragón, confirman que la cifra aún no está cerrada y que los equipos técnicos siguen trabajando para perfilar el acuerdo.