Aprobado el incremento salarial del 0,25% para los empleados públicos

La medida tiene un coste de 2.280.964,14 euros, que viene a sumarse a los 29.727.822,86 euros que supuso el incremento del 1,5% aplicado en el mes de julio.

La fobia al dinero se debe al poder de corrupción del mismo o a alguna experiencia traumática
La subida que se aplicará con carácter retroactivo desde el mes de julio.
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Merced a la decisión adoptada este martes por la mañana por el Consejo de Gobierno, los empleados públicos de la Comunidad Autónoma percibirán en su próxima nómina un incremento salarial del 0,25%, subida que se aplicará con carácter retroactivo desde el mes de julio y que estaba ligada a la evolución del crecimiento económico del país. El incremento afecta a todo el personal de la Administración General, docentes, sanitarios y personal de Justicia.

El Gobierno de Aragón cumple así con los incrementos retributivos del personal del sector público autonómico correspondientes al año en curso, de acuerdo con las previsiones fijadas en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2018 y lo establecido en el artículo 18. Dos, de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado. La norma estatal establecía que si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes en 2017 alcanzara o superase el 3,1% se añadiría, con efectos de 1 de julio de 2018, otro 0,25% de incremento salarial al ya aplicado del 1,5% en los seis primeros meses del año.

El coste que supone aplicar un 0,25% de subida en la nómina de todos los empleados públicos asciende a 2.280.964,14 euros, que viene a sumarse a los 29.727.822,86 euros que supuso el incremento del 1,5% que el Gobierno de Aragón ya hizo efectivo para el conjunto de sus trabajadores en el mes de julio. En total, la Hacienda de la Comunidad Autónoma habrá destinado a final de 2018 un total de 32.008.787,00 euros para hacer frente a las dos subidas salariales aplicadas del 1,5 y el 0,25%.

El Gobierno de Aragón es uno de los primeros ejecutivos autonómicos en aplicar la subida salarial completa a sus empleados públicos, cumpliendo así con su compromiso de contribuir a la recuperación de los derechos perdidos de estos trabajadores durante los años de la crisis económica.

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