Las universidades aragonesas aseguran que se ha intensificado el "control" sobre las tesis

Cerca de 250 estudiantes del campus público y la San Jorge presentan sus trabajos doctorales cada año.  La de Zaragoza estrenó el pasado abril una aplicación informática para detectar plagios.

Investidura de nuevos doctores en la Universidad de Zaragoza, entre ellos Javier Lambán, en mayo de 2016.
Investidura de nuevos doctores en la Universidad de Zaragoza, entre ellos Javier Lambán, en mayo de 2016.
José Miguel Marco

La polémica sobre la tesis del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto el foco sobre los trabajos doctorales y la lucha contra el plagio en los trabajos académicos. Cerca de 250 estudiantes acaban cada año este trabajo en la Comunidad, algo más de 200 de media en la Universidad de Zaragoza y entre 10 y 15 en la San Jorge. Ante la polémica suscitada, ambas entidades defienden que con el nuevo plan de estudios, que se rige por un decreto de 2011, hay un mayor "nivel de exigencia y de control" sobre estas investigaciones, que son revisadas y evaluadas anualmente, y que los "casos puntuales" de copia y pega no tienen que empañar el título más importante que conceden estas instituciones.

Otra novedad importante es que a partir del año pasado, una vez que en septiembre de 2017 se extinguieron los programas de doctorado que funcionaban según la orden de 2007, es obligatorio publicar en abierto las tesis. Hay excepciones. Se pueden embargar en parte o en su totalidad hasta dos años si hay datos confidenciales de alguna empresa, si son objeto de alguna futura patente o si se quieren publicar como libro.

Actualmente en el repositorio del campus público hay una colección de 1.112 tesis que empezó a ser pública en 2008. Este número representa poco más de un tercio de las casi 3.000 leídas desde ese año. En cualquier caso, en formato impreso se conservan todas, la mayoría en el archivo central del rectorado, y pueden ser consultadas tras solicitarlo. Solo se permite la reproducción total o parcial de las mismas si se cuenta con la autorización por escrito del autor.

En el caso de la San Jorge, los textos hay que buscarlos en la base oficial del Ministerio, Teseo, aunque la entidad maneja un proyecto para poner en marcha su propio fondo digital. La universidad privada, por ejemplo, no divulgó una tesis sobre un nuevo medicamento antitumoral que su autor tenía intención de patentar.?

El campus público adquirió el año pasado una licencia para la aplicación de detección de plagio Unicheck, que se puso a disposición de los profesores en abril y que supone un coste anual de unos 15.000 euros. El sistema está disponible a través de la plataforma virtual de docencia. Ante cualquier trabajo telemático emite un informe que muestra el enlace del que proceden los párrafos calcados y la estadística de similitud. Por su parte, la San Jorge está probando una de estas herramientas.

"El porcentaje de tesis contaminadas por plagio es muy pequeño, aunque es una preocupación de todas las universidades europeas. Los directores de tesis tampoco van a arriesgar su prestigio de esta manera", aduce el director de la Escuela de Doctorado del campus San Francisco, Juan José Mazo. Esta se constituyó en 2012, aglutina a unos 2.000 aspirantes a presentar su tesis, cuenta con más de 1.400 tutores y 45 programas. Cree que aún no han echado mano de Unicheck y solo recuerda un trabajo que no llegó a defenderse porque un miembro del tribunal descubrió la trampa.

De la misma opinión es Luis Carlos Correas, vicerrector de Investigación de la San Jorge, que cuenta con dos programas de doctorado en Ciencias de la Salud y en Medio Ambiente. "El problema puede ser mayor en los trabajos de fin de grado y de máster", concluye.

Fernando Tricas, vicerrector de Tecnologías de la Información y de la Comunicación del campus público. OLIVER DUCH

"El programa antiplagio es sobre todo disuasorio"

"Nuestro objetivo no es perseguir a los estudiantes, sino que aprendan a citar y a hacer las cosas correctamente. La aplicación para detectar plagios es una herramienta sobre todo disuasoria". Quien habla así es el vicerrector de Tecnología de la Información y de la Comunicación del campus público, Fernando Tricas.

La adquisición de esta licencia, explica, venía siendo reclamada desde hace tiempo por facultades en las que se acumulan los trabajos que leer, como Derecho, Económicas y Educación. Muchos profesores recurrían al propio Google o a programas gratuitos y Tricas tiene constancia de que había incluso quien se pagaba de su bolsillo su propio sistema. Además del obvio suspenso, un plagio también pueda dar pie a sanciones.

Aún así, opina que el recurrente pega y corta "no es un problema grave generalizado, ni aquí ni en la universidad española en general".

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