El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha calificado de "éxito indiscutible" la reunión que ha mantenido con sus homólogos de Asturias, Javier Fernández; Castilla y León, Juan Vicente Herrera; Castilla-La Mancha, Emiliano García Page; Galicia, Alberto Núñez Feijóo y La Rioja, José Ignacio Ceniceros, para buscar medidas que permitan combatir la despoblación. Las seis comunidades, que concentran el 52% del territorio y solo el 21% de la población, reclaman al Ejecutivo de Pedro Sánchez una "perentoria" reforma del modelo de financiación, que ha de contemplar el coste real de la prestación de servicios. 

Lambán ha defendido que la reforma debe aprobarse con un "acuerdo multilateral" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y ha advertido al Gobierno de que no admitirán "acuerdo bilaterales". Más, cuando los presidentes reunidos en Zaragoza han considerado que sería una buena forma de celebrar el 40 aniversario de la Constitución española, que insta a garantizar los servicios a los españoles con independencia de donde vivan.

"Un territorio que se vacía es un territorio que se desaparece", y por eso ha hecho incidencia Lambán en la importancia de adoptar medidas para combatir la despoblación. Sí ha dejado claro el presidente de Aragón que los participantes han querido imprimir a la reunión un "carácter positivo", "constructivo". "No va contra nadie, y menos, contra los sucesivos gobiernos de la nación", ha recalcado. De hecho, consideran que, en realidad, "ayudan al Gobierno a resistir las presiones de otros que, en caso de prosperar, aumentarían las brechas entre los territorios.

El acuerdo que han ratificado Aragón, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias y La Rioja reclama la "plena efectividad del principio de lealtad institucional que impida que las decisiones del Estado afectan a la capacidad financiera de las comunidades para hacer frente a la prestación de servicios.

Para combatir la despoblación, los seis participantes urgen una estrategia sobre el cambio demográfico que coordine el conjunto de los instrumentos y los fondos de la Unión Europea. Consideran, además, que la política de cohesión debe seguir siendo prioritaria en fondos y objetivos y exigen, por ello, que el nuevo modelo de financiación autonómica tenga en cuenta el coste extra que asumen estas comunidades en la prestación de servicios por culpa de la dispersión territorial, el envejecimiento y la caída de la natalidad.

Las seis comunidades solicitan, además, al Estado que abone a las autonomías el importe de la mensualidad del IVA no ingresada en 2017 por un cambio de gestión, y que rondaría, en total, los 2.500 millones de euros.