El Gobierno aragonés mantiene que el artículo 14 de la ley de capitalidad es "constitucional"

El Tribunal Constitucional aprobó este viernes por unanimidad admitir a trámite el recurso que el Gobierno ha presentado contra la ley de capitalidad y suspender de forma cautelar la vigencia y aplicación del artículo 14.1u), el que utilizó el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, para expulsar a parte de los concejales de la oposición de las sociedades municipales y tomar el control de los consejos de administración. El Alto Tribunal, que da un plazo de quince días al Gobierno de Aragón y a las Cortes para personarse en el proceso y formular las alegaciones, dispone de cinco meses, a contar desde la fecha de presentación del recurso (el 3 de agosto), para decidir si mantiene la suspensión o la levanta hasta que resuelva la cuestión.

El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, mantiene que la ley 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón, que salió adelante con los votos de la izquierda, es "constitucional", pero censura el uso que hizo Santisteve del precepto cuestionado. "Nosotros siempre hemos pensado que lo prudente hubiera sido que el acuerdo al que se llegó a inicios de la legislatura en las sociedades entre todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento se hubiera mantenido", reconoció Guillén, que indicó que eso "hubiera impedido la crisis que se ha generado".

Al invocar el presidente del Gobierno central el artículo 161.2 de la Constitución, la suspensión del artículo 14 entró en vigor para las partes el día 3 de agosto, y el Ayuntamiento de Zaragoza sostiene que "la situación seguirá exactamente igual de como estaba ahora", según indicó Arantza Gracia, portavoz adjunta del equipo de Gobierno que lidera Santisteve. Pero sí podría haber un cambio, y bastante importante, porque no se convocarían las juntas generales de las sociedades, porque no estaría claro si son las actuales o el pleno.

Las alegaciones

Los servicios jurídicos de las Cortes trabajan ya en las alegaciones, en las que también se defenderá la constitucionalidad de la ley de capitalidad emanada de las Cortes, y por tanto de la voluntad de los aragoneses. Así lo indicó la presidenta del Parlamento aragonés, Violeta Barba, que mostró su sorpresa por el énfasis que se ha puesto en este precepto, el artículo 14.1 u), cuando su redacción es la misma a la de anteproyectos de gobiernos anteriores que no llegaron a salir adelante, según manifestó.

Ni las Cortes ni el Gobierno de Aragón habían recibido este viernes una comunicación oficial de la suspensión cautelar del controvertido artículo. Pero lo esperaban. "En el momento en el que el Gobierno de España decide interponer un recurso de inconstitucionalidad, lo lógico era que el Constitucional lo admitiera a trámite, lo que no prejuzga nada", explicó Vicente.

El golpe de Santisteve en las sociedades municipales del pasado 9 de febrero es el que ha puesto en tela de juicio la ley de capitalidad, por la que el Ayuntamiento de Zaragoza recibirá este año 8 millones de euros de la DGA. La norma, que tuvo como germen un acuerdo entre el presidente de la DGA , Javier Lambán, y Santisteve, salió adelante en las Cortes con fuertes críticas de la oposición. Eran los buenos tiempos. Este miércoles, Lambán se preguntó, en una entrevista en RNE, "qué delito habrán cometido zaragozanos para tener a este señor en la alcaldía". La negociación de los presupuestos en la DGA (entre PSOE y Podemos) y en el Ayuntamiento podría acercar posiciones, aunque hoy por hoy la distancia es abismal.