La DGA exigirá a Fomento más bonificaciones en las autopistas aragonesas para los camiones

La decisión del Ministerio de Fomento de pagar el 50% de las bonificaciones al tráfico pesado que hoy han entrado en vigor en varios tramos catalanes de la AP-2 y la AP-7 ha caído como un jarro de agua fría en Aragón. El consejero de Vertebración del Territorio del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, denuncia que hay un "evidente trato de favor" y un "agravio comparativo respecto al Gobierno de Aragón, y por lo tanto a los aragoneses", porque en la actualidad al desvío voluntario de los camiones en la Comunidad Fomento aporta en 25% y la DGA asume el 50% restante. "Resulta que ahora en Cataluña la Generalitat no va a poner un solo céntimo y va a asumir el coste íntegro el Gobierno central con los impuestos de todos los españoles", critica Soro, que exigirá a Fomento que eleve su financiación en Aragón para imponer el desvío obligatorio de los camiones que circulen por las peligros N-II y N-232 elevando las bonificaciones a cerca del 100%.

El consejero de Vertebración considera que su petición, que planteará al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en una próxima reunión, está totalmente justificada. En su opinión, "Fomento debería asumirla", y más cuando en la Ley de Presupuestos Generales del Estado hay una dotación presupuestaria, que se eleva a 10 millones de euros, para desviar el tráfico pesado a la AP-2 entre Alfajarín y Fraga. "No hay ningún argumento para que no se lleve a cabo ni político, porque sería una discriminación para Aragón; ni jurídico, porque se está haciendo en Cataluña. Tampoco hay ningún argumento económico presupuestario, porque hay una dotación que se deriva directamente de la Ley de Presupuestos del Estado", argumenta Soro. Y en democracia, el Gobierno central "debería cumplir las leyes", resalta,

El acuerdo de Fomento con Cataluña en la AP-2, que afecta al tramo comprendido entre Les Borges Blanques (Lérida) y Montblanc (Tarragona), se mantendrá, además, hasta 2021, año en el que finaliza la concesión de la autopista. Su duración supone otra discriminación con Aragón, que debe renovar los acuerdos cada año. En ese sentido, Soro hace hincapié en que, además del incremento de las bonificaciones, es clave que "tener un compromiso público por parte de Fomento de que bajo ningún concepto nadie va a pagar peajes cuando finalicen las concesiones de las autopistas de Aragón porque así se convertirán en autovías".

Al mejor trato que ha recibido la Generalitat se suma lo que Soro considera un "agravio" para los transportistas, que tienen prohibido, a partir de hoy, circular por varios tramos de la carreteras N-340 y N-240, a su paso por Cataluña y hasta la frontera con Castellón. Aunque el Gobierno de Aragón siempre ha defendido el desvío obligatorio para acabar con la siniestralidad vial de las peligrosas N-II y N-232, considera que "no puede ser a costa de los transportistas, y por tanto para tomar la decisión de exigir el desvío obligatorio del tráfico pesado tendría que existir una bonificación cercana al 100%". Y esa será precisamente la petición que formularán a Fomento: que asuma el 25% que permitirá bonificar al completo el peaje para obligar a los camiones a circular por la autopista.

El sector de transporte de mercancías en la Comunidad no está de acuerdo con que les obliguen a circular por autopistas de Cataluña asumiendo costes, tal y como han puesto de manifiesto desde Tradime y Fetraz en Aragón, que consideran que "cada problema vial lo pagan los transportistas". Y así se refleja en la baja efectividad de las bonificaciones que se conceden en Aragón, donde utilizarlas no es obligatorio. "Destinamos una partida presupuestaria importante para una medida que no es eficaz", reconoce Soro.

La petición para elevar la bonificación se formulará tanto para la AP-2 como para la AP-68 a su paso por la Comunidad, con el objetivo de limitar el tráfico pesado por la N-232 y la N-II para tratar de reducir la siniestralidad vial.