La DGA desconoce el coste de las ayudas que prometió a los padres que cuiden de sus hijos

No valorará el impacto hasta que se concreten las bonificaciones y es difícil que entren en vigor esta legislatura.

Vicente Guillén y María Victoria Broto durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Vicente Guillén y María Victoria Broto durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
HA

Las ayudas que recibirán los hombres que soliciten una excedencia para cuidar de sus hijos hasta que cumplan tres años, la medida estrella del anteproyecto de ley de apoyo de las familias que presentó la DGA hace un mes, no se pueden cuantificar. La memoria económica de la futura ley vincula el impacto en las arcas autonómicas a que se concrete la bonificación que recibirán los beneficiarios, una falta de definición que pone en evidencia esta propuesta que fue tachada de "electoralista" por la oposición. Tampoco se define el coste de las medidas fomento de la natalidad ni el de las deducciones fiscales y bonificaciones en las tasas y las instalaciones públicas. Los demás programas previstos implican un coste anual que supera los 37,8 millones de euros, si bien es difícil que la futura norma salga adelante esta legislatura porque el Ejecutivo PSOE-CHA debe remitirla aún a las Cortes para que la tramiten y hay elecciones en mayo de 2019.

El anteproyecto se nutre de programas de apoyo a las familias que varias consejerías ya tienen en marcha. Es el caso de los 13,5 millones de euros destinados a las becas de comedor, los 17,1 millones del plan estatal de vivienda y los 350.000 del programa de banco de libros. Estas medidas, sumadas a subvenciones a la conciliación familiar y a servicios del Instituto Aragonés de la Mujer y de Ciudadanía, elevan el coste de aplicación de la norma a 37,1 millones de euros al año, según la memoria económica. A esta cantidad hay que sumar un gasto extra de 688.500 euros para la implantación de programas de nueva creación.

Uno de los objetivos que persigue la DGA es facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar también en el ámbito privado. Para potenciar la elaboración de los planes de igualdad y la "aplicación de horarios racionales y flexibles", se otorgarán certificaciones de empresas responsables con las familias. Como contrapartida, la Administración se compromete a implantar servicios para atender a los hijos del personal de estas empresas con un coste estimado de 100.000 euros al año.

La futura norma quiere hacer hincapié en la necesidad de que los hombres se impliquen más en el cuidado de los hijos. De ahí las ayudas que propone para los padres que pidan una excedencia para encargarse de niños menores de tres años, aún sin definir. También incluye destinar 100.000 euros anuales a conceder bonificaciones para las mujeres que cedan el uso de sus diez semanas del permiso de maternidad.

Con el objetivo de combatir el envejecimiento de la población que sufre Aragón, el anteproyecto aboga por fomentar medidas de impulso a la natalidad aunque tampoco las llega a detallar y a cuantificar.

La mayor aportación económica en un programa de nueva creación, 300.000 euros, irá destinada a la implantación de medidas sectoriales de protección para las familias monoparentales. También se habilitarán tres partidas de 50.000 euros cada una para la creación de un centro aragonés de recursos y apoyo a las familias y una oficina contra la discriminación, y para una campaña de sensibilización de las nuevas modalidades familiares. El anteproyecto de ley incluye, además, la elaboración de un estudio de la realidad familiar en Aragón (35.000 euros) y la confección de una guía de recursos para las familias (3.500 euros).

Teniendo en cuenta que la mayoría de las medidas de apoyo a las familias ya están en marcha y que las más novedosas no se llegan a cuantificar, la memoria económica elaborada por la Dirección General de Familias concluye que la aplicación de la ley "no supondría un importante incremento de gasto". Todo queda pendiente de la regulación de una norma tras la aprobación en las Cortes que, probablemente, no se conseguirá antes de que acabe esta legislatura.

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