Un total de 44 ex altos cargos de la Administración siguen cobrando un plus vitalicio, que oscila entre los 180 y los 800 euros al mes, que se impulsó en 1998 para ‘premiar’ a los funcionarios que cambiaran de forma temporal su empleo por un puesto político. Entre los beneficiarios figuran exconsejeros, ex delegados territoriales y ex directores generales o asimilados que permanecieron en el cargo durante dos años continuados o tres con interrupción. Comisiones Obreras recuerda que los actuales altos mandatarios también tendrán su "premio" cuando dejen el puesto, pues se beneficiarán de un aumento de nivel dentro de su categoría profesional con la subida de sueldo que implica y la ventaja que supone a la hora de optar a los concursos de traslados convocados por la Administración.

La cifra de beneficiarios del plus de ex altos cargos se va reduciendo con el paso de los años. En enero de 2016 eran más de 70 los que percibían este complemento, que se fue a ampliando a más beneficiarios hasta 2012. Aunque el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, se comprometió a suprimirlo en septiembre de 2015, al final solo se restringió, porque se consideró que era un "derecho adquirido para los funcionarios que lo percibían".

Las cuantías varían en función de la categoría profesional, y oscilan entre los 180 y los 800 euros mensuales, que se mantienen hasta la jubilación. Estos complementos han llegado a suponer a las arcas autonómicas un coste de 200.000 euros al año.

¿Y qué pasará en el futuro con los empleados públicos que ahora desempeñan funciones de altos cargos? También tienen "premio", según denuncia Francisco José González, secretario general del sector autonómico de CC. OO. La nueva fórmula, que entró en vigor en 2016, "les mejora la carrera profesional, lo que supone más dinero y la posibilidad de poder acceder a un puesto más atractivo".

Al regresar a su trabajo como funcionarios, los ex altos cargos se podrán beneficiar del máximo nivel dentro de su categoría profesional, de manera que partirán de una situación privilegiada, con más méritos que sus competidores, a la hora de competir por las plazas de los concursos de traslados dentro de la Administración.

Incluir cambios para eliminar estos privilegios es complicado, pues la posibilidad de que salga adelante la nueva ley de Función Pública de Aragón está prácticamente descartada. Y los partidos políticos, a los que el sindicato ha vuelto a plantear eliminar esta prebenda, "no han querido recoger el guante" porque, según critica González, "hay mucho corporativismo".

Las compensaciones a los funcionarios que ocupan altos cargos suponen, en su opinión, una "discriminación bestial" respecto a los que proceden de la empresa privada, que cuando finaliza la legislatura se van sin la garantía de conservar su antiguo trabajo. González denunció que  este tipo de medidas fomentan que los funcionarios entren en la vida política, y la "Función Pública se va politizando" pues con el aumento de nivel, dentro de su categoría profesional, logran consolidar empleos mejores que además son ya para toda la vida.