Todo salió como estaba previsto: el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) volvió a ratificar ayer la nueva senda de estabilidad propuesta por el Gobierno central que fija el objetivo de déficit para 2019 en el 0,3%, dos décimas más que suponen que Aragón podrá disponer de 70 millones de euros extra para gastar el próximo año. Siempre que se ratifique en el Congreso, que ya tumbó la propuesta el pasado 27 de julio, y en el Senado. De ahí que el presidente de Aragón, Javier Lambán, instara al partido que lidera Pablo Iglesias a cambiar la abstención por el apoyo a la propuesta: "Si Podemos no vota a favor de esta hoja de ruta le estará haciendo un flaquísimo favor a las clases más desfavorecidas y a las clases medias del país, y tendrá que dar muchas explicaciones".

La nueva senda de estabilidad recibió el voto en contra de las cinco comunidades gobernadas por el PP además de Canarias, mientras que votaron a favor la Administración central, Cantabria y las siete comunidades socialistas. El presidente de la Comunidad de Valencia, Ximo Puig, negoció directamente con Hacienda y pasó de la abstención al ‘sí’ tras pactar medidas transitorias por importe de más de 850 millones de euros para su Comunidad que incluyen la refinanciación de 1.000 millones de deuda y la condonación de otros 350 millones del Consorcio Valencia 2007.

Aragón no solicitó ninguna contraprestación a cambio de su apoyo. Solo expresó su preocupación por los 60 millones de euros de la recaudación del IVA de 2017 que estará obligada a devolver cuando se liquide definitivamente la cuenta en 2019 por una cuestión de interpretación del sistema de gestión del impuesto. El Gobierno regional confía, además, en que "pueda encontrarse una solución a este problema".

Varias comunidades autónomas aprovecharon el CPFF para volver a exigir cambios en la financiación autonómica. Castilla y León, que constituyó un frente común con Aragón para que se tenga en cuenta el coste real de la prestación de los servicios, fue una de las más críticas con Sánchez. También Baleares, gobernada por la socialista Francina Armengol,  insistió en la "necesidad urgente de avanzar en la reforma del sistema de financiación autonómica".

La DGA, representada por la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, obvió esta cuestión, que era prioritaria en el mandato del popular Mariano Rajoy. Tras el consejo de ayer se centró en alertar de las consecuencias que tendría un nuevo veto a la senda presupuestaria aprobada, que "podría suponer no contar con 150 millones de euros de la participación de los ingresos del Estado".

Lambán se mostró muy crítico con la ausencia de la Generalitat del Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque Cataluña prefiere tratar este tema en una negociación bilateral. "A esta situación le tendremos que poner fin algún día. Condescender demasiado con Cataluña es una política condenada al fracaso", espetó el presidente de Aragón, que tachó su ausencia de "falta de respeto intolerable al resto de administraciones autonómicas y a España y sus instituciones". Este tipo de actitudes desluce el que para Lambán ha sido "el primer gran éxito del Gobierno: conseguir un relajamiento del déficit".

La senda de estabilidad que aprobó el CPFF sitúa, además, el límite del déficit en un 0,1% en 2020 y establece los objetivos de deuda pública del conjunto de las comunidades para el trienio 2019-2021 en el 23,7% para 2019, el 23% para 2020 y el 22,2% para 2021.