Aragón no fija límite económico a los regalos que pueden aceptar los altos cargos

"Los diputados y altos cargos del Gobierno aragonés están obligados a rechazar cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que suponga una ganancia o ahorro que vaya más allá de los usos habituales, sociales o de cortesía". Así lo recoge el código de buen gobierno incluido en la Ley de Integridad y Ética Públicas. Aunque la prohibición es clara, su aplicación es difusa, pues carece de un límite económico definido. Autonomías como Galicia, Murcia y_Canarias sí especifican las cantidades, que van de los 50 a los 90 euros. La DGA no contempla, al menos por ahora, endurecer la regulación de los obsequios, si bien tiene previsto publicar en el portal de transparencia los regalos institucionales que recibe Javier Lambán como presidente de la Comunidad.

Las Cortes de Aragón ya difunden en su página web los obsequios institucionales de la IX legislatura, detallando exhaustivamente sus características, su procedencia y su ubicación. La mayoría se incorporó tras visitas oficiales, como las realizadas por representantes del Parlamento de Uruguay; el embajador de la República de Irak, Alaa Al-Hashimy; el alcalde de Trebinje (Bosnia y Herzegovina), Slavko Vucurevic; el primer ministro de Andorra, Antoni Matí Petit; y la presidenta del Parlamento navarro, Ainhoa Aznárez.

Aunque nueve obsequios están guardados en el almacén general, también se incluyen algunos de ellos en las zonas nobles de La Aljafería. En el despacho de la presidenta, Violeta Barba, se encuentra el libro ‘Trebinje Written in Light’ y una reproducción enmarcada del documento de los esponsales de doña Petronila con Ramón Berenguer en 1137, en Barbastro. Otros se encuentran en la Sala de Juntas, como un mapa turístico de Iraqk y un escudo de Aragón que entregó la Federación de comunidades aragonesas en el exterior.

Libros y placas abundan, también, en los regalos institucionales que ha recibido el presidente de la DGA, Javier Lambán. Los detalles llegan al área de Protocolo, que lleva un registro de cada uno de ellos. Es precisamente este listado el que el Gobierno de Aragón se compromete a hacer público en su portal de transparencia antes de que finalice el año. Declinan, por el momento, aportar más información sobre ellos, aunque aseguran que no se trata de regalos de elevado valor económico por la relativa juventud (35 años) de las instituciones aragonesas.

De hecho, uno de los regalos con mayor valor sentimental es la bandera que Miguel Dalmau y Herminia Blanco donaron a la DGA, una enseña aragonesa cosida a mano de 1,65 x 1,11 metros que sus dueños enarbolaron en los principales hitos de la constitución de la Comunidad.

La regulación del Estado sobre el uso que los altos cargos pueden hacer de los regalos está recogida en la ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y es idéntica a la que plantea la ley aragonesa. Presenta, por ello, los mismos problemas.

Sí hay comunidades autónomas que imponen limitaciones precisas a los obsequios que pueden recibir sus altos cargos. Es el caso de la Xunta de Galicia, que aprobó un código deontológico en septiembre de 2014 aplicable a los miembros de su Ejecutivo, altos cargos y empleados públicos, que establece que no podrán recibir regalos de cortesía institucional cuyo valor supere los 90 euros. También la Región de Murcia limita el importe a 60 euros e impide que a lo largo del año un mismo beneficiario supere los 100 euros. Canarias está elaborando en estos momentos un proyecto de ley, aún en tramitación, que fija el límite en 90 euros.

Aragón sí contó con prescripciones claras durante la celebración de la Exposición Internacional de 2008, donde se prohibió recibir obsequios cuyo importe superara los 150 dólares.

Estatuto del Empleado Público

También hace referencia a los regalos el Estatuto Básico del Empleo Público (EBEP), que en su artículo 54 insta al rechazo de regalos, más allá de cortesía, "sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal". Una advertencia, en todo caso, que parece adecuada, ya que en su artículo 422 advierte respecto a los sobornos, por los que las autoridades o funcionarios públicos podrían "incurrir en la pena de prisión de seis meses a un año y la suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años".