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Sanidad

El TC confirma que Aragón puede acreditar a los enfermeros para prescribir fármacos

En la sentencia dictada el pasado mes de julio, el tribunal entendía que la acreditación es una actuación de naturaleza ejecutiva que forma parte de las atribuciones de las autonomías.

Efe Actualizada 17/08/2018 a las 19:16
Los artículos que dejaba en manos del Ministerio de Sanidad la acreditación ya han sido declarados nulos e inconstitucionales.Pixabay


El Tribunal Constitucional (TC) ha confirmado su decisión de declarar nula la competencia que se había atribuido el Ministerio de Sanidad de acreditar a los profesionales de la Enfermería para prescribir medicamentos, acuerdo que fue impugnado por diversas comunidades autónomas, entre ellas la de Aragón.

El Constitucional se limita a argumentar en su fallo que los artículos del Real Decreto 954/2015 que dejaba en manos del ministerio la acreditación ya han sido declarados nulos e inconstitucionales en una reciente sentencia que resolvió este conflicto a instancias de la región de Andalucía.

El tribunal declara, por tanto, carente de objeto el recurso interpuesto posteriormente desde Aragón al entender que los artículos impugnados ya están anulados y no es necesaria una nueva revisión y análisis de los mismos.

En la sentencia dictada el pasado mes de julio para resolver el conflicto de competencias planteados desde Andalucía, el tribunal entendía que el otorgamiento de la acreditación es una actuación de naturaleza ejecutiva que forma parte de las atribuciones de las autonomías.

Argumentaba además el Constitucional que el establecimiento de los títulos y de la formación exigida para la capacitación profesional forma parte de la competencia estatal a fin de dar uniformidad a estas condiciones.

Los magistrados matizaban, sin embargo, que el acto de comprobación del cumplimiento de estas condiciones, de naturaleza ejecutiva, forma parte de las competencias autonómicas de gestión en materia sanitaria.

El Gobierno andaluz impugnó en primera instancia el real decreto ante el Ejecutivo central, que lo rechazó en marzo de 2016 a través de una decisión del Consejo de Ministros. 





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