Podemos Aragón quiere que el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, comparezca en el pleno de las Cortes para informar a los parlamentarios de las acciones que el Ejecutivo autonómico ha realizado o tiene previstas ante los sucesivos recursos que el Gobierno central ha presentado ante el Tribunal Constitucional de leyes que han sido aprobadas por Parlamento regional. Aunque consideran que la ley de capitalidad es la gota que colma el vaso, se refieren también a normas como la de emergencia social que, a pesar de su aprobación, lleva meses bloqueada. La portavoz de la formación en la Cámara aragonesa, Maru Díaz, critica la "falta de transparencia" y denuncia que  "en ningún momento han tenido información" sobre las reuniones bilaterales en las que Estado y DGA buscan soluciones cuando se cuestiona la constitucionalidad de una ley autonómica.

Díaz se mostró muy dura al recordar que el Gobierno central y el regional son del mismo signo político, de manera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está cuestionando la legalidad de una ley que fue impulsada por su propio partido en Aragón.

Tras el revuelo que ha provocado en Zaragoza la confirmación de que el Estado llevará al TC el artículo 14 de la ley de capitalidad, el que utilizó el alcalde Pedro Santisteve para hacerse con el control de las sociedades municipales, Vicente Guillén manifestó que este tipo de recursos "son algo normal en un estado democrático", dado que el Gobierno central tiene la responsabilidad de velar por la constitucionalidad de las leyes autonómicas. Fuentes del Gobierno aragonés aseguraron este viernes que el consejero de Presidencia no tendrá ningún problema en acudir a las Cortes y detallar cuáles han sido las gestiones y que "defenderá las normas de Aragón".

La diputada podemista criticó que el artículo 14, el que se cuestiona ahora el Estado, no recibió ninguna enmienda en la tramitación de la norma que salió adelante en las Cortes de Aragón con los votos de la izquierda. "Fue el Gobierno de Lambán el que presentó la ley y el artículo 14 salió adelante tal y como estaba", recalcó.

También hizo referencia Podemos al recurso que el Gobierno central, en este caso del PP, interpuso en 2016 a la Ley de Emergencia Social que aprobó el Parlamento aragonés y que prohibía el embargo de prestaciones sociales o los desahucios para las familias más vulnerables. Desde que se admitió a trámite, la norma está suspendida. Los recursos al Constitucional condicionan, según la podemista Maru Díaz, la capacidad que tienen las Cortes para legislar. "¿Para qué tramitamos las normas?", cuestionó.

En los últimos siete años, la negociación entre las dos administraciones públicas en la comisión bilateral Aragón-Estado ha evitado catorce recursos de inconstitucionalidad. El último acuerdo permitió retirar el recurso a la Ley de Montes regional.